Solicitan reporte sobre nuevas medidas de verificación vehicular

La Comisión Permanente solicitó a las entidades federativas que integran la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) un informe sobre los avances y resultados de las nuevas medidas de verificación vehicularvigentes desde el 1 de julio de 2016.

El reporte, que deberá entregar en un plazo no mayor a 15 días naturales, tiene que incluir las medidas para garantizar la correcta operación de los centros de verificación, así como el impacto que han tenido en la calidad del aire de la zona centro del país.

«Se han respirado concentraciones de ozono entre los 150 y 170 microgramos por metro cúbico».

En el dictamen aprobado por senadores y diputados también exhortan a la CAMe a impulsar la homologación de las medidas de contingencia ambiental atmosférica por ozono entre los estados que forman parte de esta instancia.

Además, pidieron que se evalúe la pertinencia de crear un grupo de expertos de la sociedad civil, que colabore con la toma de decisiones de la aplicación de los mecanismos de contingencia.

El documento aprobado destaca que “en la Ciudad de México se vive una crisis de calidad del aire”, pues desde el 15 de mayo pasado “se han respirado concentraciones de ozono entre los 150 y 170 microgramos por metro cúbico».

Esto, «llevado a la Comisión Ambiental de la Megalópolis a decretar la Fase 1 de Contingencia consecutiva más larga en décadas”, y las directrices propuestas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) proponen como umbral máximo 100 microgramos por metro cúbico.

Específicamente para la Ciudad de México, nueve mil vidas se salvarían anualmente con los límites máximos recomendados por la OMS y, al menos, dos mil en caso de seguir lo que marcan nuestras propias normas.

En este contexto, la CAMe debe entregar un informe de los avances en laelaboración del programa ProAire para la Megalópolis, en el que se establezcan metas estrictas de calidad del aire y fechas límite de cumplimiento.

Los legisladores consideraron indispensable que se dé prioridad al ozono y a las partículas PM2.5 y se fije una lista de acciones priorizadas con base en la reducción de emisiones demostrables de alto impacto y con un costo beneficio razonable.