A propósito de las descalificaciones de actores y partidos políticos para los organismos electorales, después de las pasadas elecciones recordé los esfuerzos y trabajos desarrollados para dar seriedad al sistema electoral mexicano que se inició desde 1990 al instalarse el Instituto Federal Electoral a iniciativa del presidente Carlos Salinas de Gortari.
Fui testigo real y tuve la satisfacción de ser el responsable de la comunicación oficial de este nuevo organismo y de establecer una estrategia de información para medios y ciudadanos de todos los avances, modificaciones y actividades que el nuevo organismo electoral desarrollaría. Desde luego, no fue una tarea fácil. El principal reclamo ciudadano era la imparcialidad y transparencia del proceso electoral. Las preocupaciones eran múltiples, pero una de ellas sobresaliente: convencer y dar certeza a los votantes de que sus votos contaban y se contaban con honestidad. ¿Cómo instrumentarlo? Habría que depurar el padrón electoral y contar con un listado de votantes confiable y real, con una credencial inviolable que tuviera todos los elementos de seguridad para evitar duplicidades o falsificaciones. Armonizar con los gobiernos estatales la notificación de defunciones, evitando incluir nombres de muertos en el padrón y otras muchas acciones que dieran confianza a los partidos políticos y a la sociedad de que el número de electores era real y auténtico. Los partidos políticos tuvieron acceso, como hasta la fecha, al padrón electoral y al sistema de confección de la credencial para votar.
La credencial electoral, actualmente, es un documento de identificación eficiente y una garantía del derecho al voto.
El siguiente de otros muchos retos era la vigilancia de las casillas y, especialmente, quiénes contarían los votos. Fue entonces que, de acuerdo con la ley electoral, surgió el sistema de insaculación, es decir de sorteo de ciudadanos registrados en el padrón que serían elegidos como funcionarios de casillas, el inicio fue singular desde la palabra insaculación, de poco uso en el argot político, que provocó caricaturas e interpretaciones a la mexicana, de doble sentido, pero lo fundamental fue que se logró que miles de ciudadanos fueran seleccionados por sorteo y capacitados para cuidar y contar los votos en las casillas, donde además los partidos políticos podrían nombrar un representante que observara la votación, el conteo y finalmente firmara como testigo las actas electorales.
Hubo muchísimas acciones más, que han logrado que el sistema electoral mexicano se consolide, que cuente con instituciones y procedimientos adecuados para cualquier controversia, para ser confiable y eficaz; por ello, por lo importante que resulta que los ciudadanos tengan confianza y certeza en la votación, es que no se vale que los actores políticos sólo reconozcan el proceso cuando ganan y lo descalifiquen cuando pierden.
No se puede dejar pasar la ominosa descalificación de los perdedores al desempeño de los organismos electorales a los cuales quieren culpar de su derrota. No se dan cuenta, o no les importa, que descalificar a esos organismos sea una derrota compartida y ponga en riesgo el esfuerzo colectivo de muchos mexicanos a lo largo de los años para crear un auténtico sistema democrático.
El cambio durante estos años, ha sido radical y para bien, por lo que es lamentable que los propios partidos se lancen contra los organismos para justificar sus deficiencias. En la coyuntura en la que nos encontramos, debilitar a las instituciones abre la puerta a acciones de desencuentro que puedan llegar a la violencia, lo que significaría un grave retroceso.
Durante la elección —del Estado de México, Coahuila, Nayarit y Veracruz, en la que también hubo comicios extraordinarios en puntos específicos de Oaxaca y Tlaxcala— el INE y los organismos estatales asumieron a plenitud su obligación constitucional de capacitar a los ciudadanos que integraron las mesas directivas de casilla. Se olvida con frecuencia y de manera interesada que los propios ciudadanos son los que hacen la elección el día de la jornada electoral, de modo que los señalamientos de fraude o trampa recaen de manera por demás injusta en contra de ciudadanos que asumieron su responsabilidad como funcionarios de casilla. Se eligen en tres pasos: sorteo, selección y entrenamiento, para atender un universo posible de 19.7 millones de ciudadanos con derecho a voto. La imparcialidad en la conformación de las casillas está garantizada. Esto obligó al consejero presidente del INE a declarar que es descabellado decir que en las pasadas elecciones se cometió fraude o que hubo una regresión a la prehistoria política. Hay cuestionamientos atendibles, pero de acuerdo con los procedimientos e instituciones establecidas, pero nada más. Lanzarse contra los organismos electorales al calor de la contienda es una irresponsabilidad peligrosa.
Las elecciones dejaron claro que la gente quiere cambiar la vida pública, pero impera el desconocimiento sobre qué tipo de cambio busca, hacia dónde quiere ir. La elección del domingo pasado hizo evidente esta búsqueda de opciones y también dejó en claro que ni los partidos ni los medio hemos hecho una lectura rigurosa y atinada de lo que los ciudadanos están buscando.
Dar con ello explicaría buena parte de la tensión existente en diversos ámbitos. La única certeza es que la gente no quiere seguir como estamos y en eso todos coinciden. La vida pública está acechada por la corrupción y la violencia y la falta de mecanismos para que lo que dicen las voces ciudadanos se traduzca en acciones por parte de los gobernantes. Es en esto donde debemos trabajar como sociedad y donde los actores políticos, especialmente los partidos, deben atender con cuidado.
El surgimiento de un partido como Morena, que se distingue por ser un pepenador de inconformidades, muestra que hay un descontento amplio ante las opciones institucionales pero no al grado todavía de otorgarle triunfos importantes. Hay temor de que la opción populista resulte peor que la enfermedad. La intransigencia e intolerancia de Andrés Manuel López Obrador y algunos de sus colaboradores y seguidores con fama pública de semi-delincuentes se ha hecho evidente. Hay preocupación en amplios sectores de la población de que México se convierta en una Venezuela recargada, pero es evidente que el modelo actual, y en especial los tipos actuales de políticos mexicanos que viven en una burbuja interesados solamente en sus jaloneos y en obtener dividendos de todo tipo, que la corrupción de los gobernantes y la soberbia con que despachan funcionarios menores es rechazada por la sociedad.
Es indispensable saber cuál es el cambio que reclama la sociedad mexicana, sobre todo nuestros jóvenes que viven en una realidad que desean modificar quizá por el ímpetu natural propio de la juventud, pero también inconformes por la falta de oportunidades, corrupción y desigualdad que forman parte de nuestro entorno social. De modo que ahí hay una asignatura pendiente para todos: qué tipo de cambio reclama la sociedad mexicana.