La revocación de mandato, plebiscito y referéndum, debates menos acartonados, voto de los potosinos en el extranjero, segunda vuelta, eliminación del fuero y reducción del número de diputados plurinominales entre otras, fueron propuestas ciudadanas que los diputados de la LXI Legislatura local se pasaron por el arco del triunfo.
En el proyecto de nueva Ley Estatal Electoral que votarán este día, dejaron sin equidad de género las plurinominales y contra la tendencia nacional, internacional y racional, elevaron las partidas presupuestales para los partidos políticos, incluida “la chiquillada”.
Como si tuvieran fines aviesos, los legisladores se guardaron mucho de adelantar los términos de la urgente reforma electoral que por ley debe aprobarse y publicarse este mismo día, lo que significa que, dada la estrategia de máxima demora, el Poder Ejecutivo sólo tendrá, en teoría, un máximo de 7 horas para la revisión, aprobación, impresión y publicación de la nueva Ley Estatal Electoral que, con esas prisas en vez de avance podría materializar graves retrocesos.
Es obvio que la reforma electoral viene amañada, por perversión o simple holgazanería y que, dado el acostumbrado histrionismo y protagonismo de la mayoría de los diputados, no se necesita mucha ciencia para esperar una sesión prolongada, donde las ideas se les terminen y no alcancen a hacer eficaces analices y terminen levantando la mano al “tin marín”. ¡Dios nos proteja!
Y es que de acuerdo a los trascendidos, una de las propuestas en la reforma electoral, considera incrementar el porcentaje del financiamiento privado, destinado a las campañas, pero también proponen aumentar de 2 a 10 por ciento las aportaciones de la militan y de 10 a 20 por ciento, las aportaciones de candidatos y simpatizantes, o sea, el financiamiento privado. ¿No temen infiltraciones de grupos delincuenciales, o eso están buscando?
Considerando el presupuesto total de los partidos en el 2015, con la reforma a la Ley Electoral, la cifra de aportaciones de militantes pasaría de un millón 579 mil 679 pesos a 7 millones 898 mil 380 pesos, y la aportación del candidato y simpatizantes pasará de un millón 974 mil 596 pesos a 3 millones 949 mil 192 pesos… injustificadamente.
Y si bien sustentan en la no discriminación la eliminación de la carta de no antecedentes penales para los candidatos, si discriminan a partidistas arrepentidos pues para inhibir a los independientes proponen que el INE y Ceepac certifiquen que no fueron candidatos de ningún partido en la última elección, en este caso la del 2915.
Otra propuesta, al parecer tricolor, pone freno a los diputados electos cómo candidatos independientes, pues para las elecciones siguientes solo podrán ser reelectos bajo el mismo instituto político.
En ese tenor al Ejecutivo tal vez le quede, como último recurso, orillar a un receso indefinido de la sesión, antes de darla por terminada a fin de hacerle las mejoras obligadas y justificar que la publicación del Periódico Oficial, sea hasta el día siguiente pues, cuando se quiere, se puede.
También van frivolidades como la separación del cargo desde la campaña interna, 90 días antes de la elección para quien busque reelegirse, la reducción de campañas hasta en un tercio del tiempo anterior, y más.
ROBO EN URBANOS
Desde hace décadas, el robo y la agresión sexual en unidades del transporte urbano era considerado por los sufridos y sufridas usuarias como un “daño colateral” al que terminaban acostumbrándose porque no pasaba del roce o toqueteo físico y la sustracción artesanal y desapercibida, ¡artística, pues! De carteras y joyería.
El problema ahora es que el robo es con violencia y al roce físico le sigue una violación bestial, pero lo que sigue siendo igual es la complicidad o sospechosa tolerancia y colaboración “por el bien del resto de pasajeros”, de los conductores de los camiones donde suceden los ilícitos.
Un viejo militar nos comentaba que la complicidad de muchos conductores del transporte urbano, que no de todos, hay que decirlo, está documentada en expedientes hoy llamadas “carpetas de investigación” desde fines de los 80s, en el siglo pasado.
Sin embargo poco se hizo en ese nivel y ahora se volvió una costumbre eternamente impune que es necesario parar de manera interinstitucional pues además de la fuerza pública se requiere la denuncia ciudadana y la colaboración al menos de la SCT y el Consejo Metropolitano del transporte público.
Por cierto que en este ámbito, el de la SCT, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, emitió el pasado jueves una resolución en contra de la empresa Uber en Yucatán que, entre otras cosas que causarán jurisprudencia en el resto del país, obliga a que el conductor de un Uber sea propietario del vehículo el cual, sólo podrá ser conducido por dos personas más debidamente acreditadas por el propietario, lo que dará certidumbre y seguridad al pasajero y de paso evitará flotillas de un solo dueño, lo que si sería “competencia desleal” para los taxis convencionales.
La ley yucateca también los obliga a usar el navegador de Google para ahorrarle abusos al usuario y en ningún caso permite el pago en efectivo ni posponen compromisos como el de las videocámaras que los camiones deberían colocar antes de que se les “actualizara” la nueva tarifa. Así nunca iremos a ninguna parte y los camiones seguirán siendo “tierra de nadie”. ¿No cree usted?
