Consciente de los ajustes que debe realizar en la estructura de su Gabinete Legal y Ampliado, el gobernador Juan Manuel Carreras López, deshoja la margarita.
Tiene clara consciencia de que se requieren cambios para enfrentar el inicio de su tercer año de gobierno, cuando las teorías de la administración pública marcan la mejor etapa de las administraciones estatales, por tener todo el poder en sus manos igual que la mejor imagen y aceptación del sexenio, sin olvidar el proceso electoral del 2018, cuando el priísmo potosino deberá cubrir una cuota de medio millón de votosal candidato presidencial..
Una vez arrancado el tercer año, la estrategia será seguir subiendo, pero igual que la rueda del tiempo, las inercias presionan más a la baja, pues ya habrá iniciado la cuenta regresiva de su gestión .
Por eso debe maniobrar ahora y ha empezado con José Ángel Castillo Torres, que de la Subsecretaría de Enlace Interinstitucional dentro de la estructura de la Secretaría General de Gobierno.
Su envío al Instituto de Capacitación para el Trabajo, ICAT, es pues una escalada a la baja, muestra de que no dio el kilo o no se esforzó lo necesario y él lo sabe, de modo que la versión de que “él mismo pidió la oportunidad” sólo es retórica y un rollo muy conocido; aquel de que cualquier trinchera es buena para servir al pueblo, el chiste es seguir viviendo del erario público.
La prueba se contempla difícil pero para superarla, JMCL tiene a su favor no sólo sacarnos del ostracismo torancista sino llevar nuestra economía a una sobresaliente estabilidad, superior incluso a la media nacional.
Así que la consigna ahora es identificar y mantener en funciones a aquellos perfiles que le permitan consolidar los hitos que ha logrado en estos primeros meses de gestión, apretar en aquellos cuyos resultados no son los esperados, y desembarazarse de los que son un lastre o el cargo les quedó grande y no estuvieron a la altura de la encomienda.
Buenos gobiernos acarrean triunfos electorales pues “hacen” buenos candidatos y la idea es que al salir de su segundo informe, su tercer año de gobierno lo arranque catapulteado hacia una mayor popularidad y aprobación ciudadana a fin de superar la prueba de los 500 mil votos para la campaña presidencial de su partido.
Así que además, Carreras debe llevar a partir de su segundi informe, a un derrotero más próspero a nuestra estado, y para ello sólo contará entre 5 y 6 meses, no más.
Así que al margen de ociosos análisis sobre la situación política y los yerros de tal o cual gabinete o funcionario, a Carreras le urge darle un nuevo aire a su equipo y para eso no hay otra que realizar cambios. Al costo.
¿JUSTICIA Y GRACIA?
Decían en mi pueblo que mentir para sacar algún provecho era un “topillo” y eso fue lo que nos dio Gabriel Rosillo Iglesias cuandp en la glosa al primer Informe aseguró que “estaba en proceso un paquete de sanciones” por los malos manejos del DIF Estatal en la compra de insumos para los desayunos escolares.
Rosillo nos dio topillo pues quienes esperábamos un proceso más severo en contra de la ex presidenta del DIF estatal, María Luisa Ramos Segura y compañía, tendremos que conformarnos con amonestaciones privadas, una multa ridícula y ni un procesado ni obligado a devolver lo mal gastado.
Situación que nos hace recordar la conseja Juarista de “A mis amigos, justicia y gracia; a mis enemigos, justicia a secas” y, aunque fuera el Benemérito de las Américas no se vale, porque eso es complicidad y tráfico de influencias, figuras ya tipificadas como delito en la Ley Nacional Anticorrupción.
¡Aguas! Señor Contralor., No es fácil creer que tras su promesa en la glosa del primer Informe, ahora resulte que no pudo encontrar elementos para proceder penalmente como muchos dábamos por hecho.
Sobre todo porque en su reporte la dependencia a su cargo probó que la empresa proveedora, y a la que Segura Ramos y compañía asignó compras por 169.8 millones de pesos, Productos Mexicanos Jace, S.A de CV, de Puebla, estaba impedida para brindar esos servicios dentro del servicio público y pese a ello se le contrató.
El fallo aclara que esto sólo amerita una sanción que podría ser únicamente una multa o una amonestación, tomando en cuenta los grados administrativos de responsabilidad que establece la ley actual, que no alcanzó para configurar a comisión de un delito como el peculado, lo cual, no existió.
Así de fácil es robar al pueblo y peor aún, a la niñez potosina, lo que le corresponde. Así “legalizaron” que un par de huevos, salsa y frijoles, hechos por mamá en una cocina comunitaria, valgan lo mismo que se pagaba entonces en un restaurant de lujo, 99 pesos cuando el costo real no iba más allá de los 10 pesos, incluidas las tortillas y una concha… de pan. ¡Qué poca!
APOYO DE TTC
Y no sin antes consignar que si Ricardo Gallardo Cardona, decidiera participar en la contienda electoral por algún cargo de elección popular en 2018, podría hacerlo sin problema alguno pues al sólo estar sujeto a un proceso sin sentencia condenatoria definitiva alguna y causando ya efecto, todos sus derechos tutelados por la Ley, entre ellos los político-electorales, están a salvo. Para eso sirven las “chicanadas” y los amparos; que gracias a la mediación del presidente de la Comisión Asia-Pacífico del Senado, el potosino Teófilo Torres Corzo, está por anunciarse que la República Popular de China será el “país invitado” de la Fenapo este año; aqui nos leemos el próximo domingo.
