Por: El Diablo Cojuelo
CAYÓ AMADO.- Al final los “profes” volvieron a ganar y lograron destituir como director de los Colegios de Bachillerato a Amado Vega Robledo. El otrora poderoso presidente de la Gran Comisión del Congreso del Estado, ante quien temblaban presidentes municipales y funcionarios, por su cercanía con el gobernador de ese tiempo, no pudo con los maestros del sistema y terminó “renunciado”. El fraude millonario que sufrieron los Cobachs potosino terminó influyendo en su remoción, además de que los maestros amenazaban con suspender las clases, donde los únicos afectados iban a ser los alumnos.
LLEGA MARIANELA.- Toca el turno a Marianela Villanueva tratar de conciliar con los maestros, quienes ayer festejaron en grande, luego de ser designada como nueva directora de los Cobachs. Por cierto con su nombramiento se le corta a la ex diputada local la aspiración de irse a la secretaría general del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional.
PREGUNTA.- Nos queda la duda si ahora todos los ex diputados priístas que se habían refugiado en el ICAP, bajo la tutela de Marianela, emprenderán el vuelo hacía el sistema de los Colegios de Bachilleres. Total si muchos de los actuales directores de los Colegios no tienen título, de acuerdo a Amado, pues alguno que otro ex legislador, también sin título, puede llegar a una dirección.
“RENUNCIARON” A MEDELLÍN.- Supuestamente por “motivos de salud” renunció el ex legislador priísta Manuel Medellín Milán a la rectoría de la Universidad Tecnológica. Lo curioso del caso es que su dimisión se da un día después de que se especuló sobre su destitución por el desvío de recursos y que se iniciarían las investigaciones pertinentes en este tema.
NADIE LO QUIERE.- Y como la canción de El Gusanito, tal parece que nadie quiere a Medellín Milán, y ayer la secretaria de Gobierno descartó que pudiese llegar al frente del Instituto de Capacitación para el Trabajo, donde empresarios ya se habían manifestado en contra. Incluso se indicó que por el momento el ex senador no está considerado para otro cargo dentro de la administración estatal.
LOS “NEGOCIOS” DE MARIO.- Pues la lealtad dura nada más mientras estas en la nómina y muchas veces ni eso y esto lo comentamos porque ex servidores del Ayuntamiento hunden ante la Contraloría municipal al ex edil, Mario García Valdez, por el pago irregular al servicio operativo de fotomultas y por el uso indebido de un recurso asignado al programa “Vivienda Digna 2015” cuyo total del monto superan los 28 millones de pesos, por lo que se ha iniciado un procedimiento contra quienes resulten responsables.
REPARACIÓN DE DAÑOS.- Para la Iglesia católica potosina, en el caso de Fernando Toranzo Fernández, no sólo se debe solicitar la prisión para el ex gobernador del estado por las irregularidades cometidas durante su administración, sino que también se debe exigir la reparación de los daños que ocasiono al estado y a los potosinos
QUE SE REABRAN SUS CUENTAS.- El vocero del Arzobispado, Juan Jesús Priego Rivera, se sumo a las voces que demandan que se investigue a fondo las presuntas anomalías que están saliendo a la luz pública, por lo que indicó que es necesario que se reabran las cuentas públicas del ex gobernador y se investiguen todas las irregularidades que se cometieron en las diferentes áreas durante su mandato, para que se pueda castigar el desvió de recursos.
AUMENTAN HOMICIDIOS.- El número de homicidios en San Luis Potosí, se incrementó durante el primer trimestre del año. Sin embargo, el Procurador de Justicia, Federico Garza Herrera, lo justifica indicando que no representa que todos estén vinculados con la delincuencia organizada. A ver si entendimos, para el “Procu” lo importante no es el número de asesinatos, sino que los homicidas no pertenezcan cedulas delictivas organizadas. Interesante lógica.
FUERTES SANCIONES.- Los llamados burós u bufetes de cobranza que a cualquier hora del día o la noche llaman a los deudores para exigir el pago de adeudos se van a ver en serias dificultades, pues si hacen uso de la cobranza ilegal; uso de la violencia o el engaño, y el hostigamiento e intimidación, para requerir el pago de una deuda, podrían enfrentar hasta seis años de prisión. Según una reforma aprobada por el pleno del senado.