En relación a los excesos de Javier Duarte durante su administración como titular del Poder Ejecutivo veracruzano, se suman infinidad de actos vinculados a todo un proceso premeditado de corrupción, tejiendo redes, actuando deliberadamente con un sistema de complicidades y, hasta donde se puede observar: todo un entramado familiar.
Por lo visto, un hombre que apostó a satisfacer sus desmedidas ambiciones en compañía de su mujer. Tal vez pensó que tendría como tantos otros similares, la protección del sistema, en eso sus cálculos fallaron, los mensajes desde el centro fueron claros: no se le permitió poner candidato; salieron a la luz pública una serie de irregularidades de su administración y; abrieron investigaciones judiciales en su contra a la par que lo expulsaban del PRI y le confiscaban algunos bienes. Su suerte estaba echada, todo era cuestión de tiempo.
Sin duda alguna previó el escenario y comenzó a jugar las fichas a su alcance; salir del país y mantener a su familia a salvo. Estaba consciente que tarde o temprano seria detenido, sin embargo, en un procedimiento de extradición únicamente puede ser juzgado por los delitos mediante los cuales el gobierno mexicano solicite esa medida, además el sistema guatemalteco es eminentemente garantista, circunstancia que lo obliga a estudiar y analizar desde el aspecto jurídico sobre la existencia de elementos que acrediten los delitos por los cuales se le pretende juzgar antes de conceder la extradición, señalando por cuales la otorga.
En ese orden, la PGR deberá establecer cuáles son los delitos que se le imputan a Javier Duarte y el marco probatorio con que cuenta para acreditar esos ilícitos, circunstancia que pone limitantes a la justicia mexicana, pues si aparecieren a posteriori otras causas adicionales ya no se le podrían fincar responsabilidades, razón por la cual se debe ser extremadamente cuidadosos.
Es curioso que ni la Procuraduría General de la República, ni la Secretaria de Relaciones Exteriores hayan emitido comunicado alguno especificando los cargos en contra de Duarte en la solicitud de extradición, aunque es obvio que la base se encuentra en las órdenes de captura, al igual de que únicamente se pidió la extradición en contra del exgobernador, dejando de lado a su cónyuge Karime Macías, quien a menos que tenga garantías de las autoridades mexicanas, permanecerá en el extranjero para evitar ser detenida.
Sin duda, era mucho más práctico y sencillo pedir a las autoridades de Guatemala la deportación de ambos, ya que se encontraban de forma ilegal en ese país, además de que traían pasaportes falsos, y así evitar la camisa de fuerza que implica el procedimiento de extradición.
Ahora bien, independientemente que es muy gratificante que ese símbolo de corrupción se encuentre por fin tras las rejas, inquieta y es motivo de preocupación que el asunto no sea lo suficientemente sólido, que no se cuente con la información completa o los elementos necesarios para fincar las respectivas responsabilidades, aunado a que ya no podrá ser juzgado por otras causas derivadas de esos hechos, circunstancia benéfica para Duarte.
Finalmente, las suspicacias provenientes de la desconfianza ganada a pulso por la actual administración, hacen pensar muchas cosas, que no son producto de coincidencias ni de casualidades, más bien atribuibles a la negligencia del centro que permitió a Duarte hacer de las suyas a su antojo, ¿si hubieran actuado a tiempo?.
