En sesión privada y luego de tres años de investigaciones, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó la destitución del juez Luis Armando Jerezano Treviño, acusado de dictar sentencias irregulares que beneficiaron a casineros.
A principios de 2014, el juzgador fue denunciado ante la Procuraduría General de la República (PGR) por presunto enriquecimiento ilícito de alrededor de 28 millones de pesos. Además, se le indaga en Estados Unidos por el delito de lavado de dinero.
De acuerdo a las indagatorias que llevaron a su destitución por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) en agosto de 2015, Jerezano Treviño, favoreció con sus fallos la operación de casinos propiedad de Juan José Rojas Cardona, “El Zar de los Casinos”.
A propuesta del ministro Alberto Pérez Dayán el pleno de la Corte resolvió por unanimidad de 10 votos, ante la ausencia de su presidente Luis María Aguilar, declarar inoperantes e infundados los alegatos presentados por Jerezano Treviño en contra de su destitución.
Al subsistir las consideraciones que no fueron desestimadas por el recurrente de conformidad con lo expuesto en líneas precedentes, mismas que son suficientes para considerar actualizada la conducta atribuida al servidor público, consistente en: haber obtenido ingresos distintos a los que por razón de su cargo le correspondían. Conducta de gran relevancia para un funcionario del Poder Judicial de la Federación”, señalaron
De esta forma se confirmó la resolución unánime del CJF que consideró como plenamente demostrado que en su actuación como juez Cuarto de Distrito en La Laguna, Torreón, Coahuila, Jerezano incurrió en irregularidades en el trámite y resolución de diversos juicios de amparo de su conocimiento, algunos relacionados con permisos para la operación de casinos.
El servicio público que le fue encomendado como juzgador, fue notoriamente deficiente al no cumplir con el profesionalismo, imparcialidad y excelencia que rigen la función jurisdiccional, representando por sí un inconveniente para su correcto ejercicio”, determinó el Consejo.
Esto luego de conocer sobre diversos juicios relacionados con permisos para la operación de casinos, cuando se encontraba impedido para ello, en virtud de tener amistad estrecha y relación laboral con los promoventes.
Además, tras las indagatorias realizadas desde 2014, se descubrió que el impartidor de justicia obtuvo ingresos distintos a los que por razón de su encargo de juez de Distrito le correspondían.