Ampliamente conocida, la captura de Javier Duarte en Guatemala se percibe como un hecho que fortalece al gobierno de Enrique Peña Nieto. No obstante, prevalece la impresión de que no se ha hecho todo lo necesario para castigar a gobernadores y otras personas influyentes que son acusadas de corrupción o vínculos con la delincuencia organizada. No se tiende a ver un beneficio a partido político en particular por esta detención, pero sí se tiende a mencionar al PRI como el más perjudicado, según se observa en la encuesta telefónica de un Diario de circulación nacional.
Casi toda la población está enterada de la detención del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, en Guatemala (91%). Esta aprehensión es más recordada actualmente que la reciente del ex mandatario tamaulipeco Tomás Yarrington (75%). Se piensa que la caída de Duarte fortalece en mayor o menor medida al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto (47%), debido a que demuestra que combate la corrupción, recupera credibilidad o “aparenta” que trabaja. La minoría que cree que se debilita (31%) lo explica en función de la antigua pertenencia de Duarte al PRI (gráfica 1).
Se atribuye la captura de Duarte más al gobierno federal (41%) que al estatal del gobernador Miguel Ángel Yunes (27%) (gráfica 2). No obstante, también se cree que el actual mandatario veracruzano se ve fortalecido por la detención de su predecesor (48%) por las denuncias que presentó en su contra, por su insistencia en el caso y porque es un gobernante de un partido opositor al PRI (gráfica 3).
La opinión pública cree que la postura del gobierno mexicano de proceder judicialmente contra Duarte se debe a que, precisamente, se busca que sea enjuiciado por los delitos que cometió (67%). Sólo cerca de un tercio piensa que se debe a otra razón, especialmente a que se quiere limpiar la imagen del PRI y promover que la gente vote por este partido en las próximas elecciones (gráfica 4). La amplia mayoría cree que el exgobernador es culpable de los delitos de los que se le acusa (74%) (gráfica 5), pero prevalece bastante escepticismo de que se le vaya a probar culpabilidad y castigar (poco seguro, 37%, nada seguro, 26%, parecido a lo que se opina en el caso de Tomás Yarrington) (gráfica 6).
Existe división de opiniones sobre si la detención de Duarte recupera la credibilidad en el gobierno de Peña Nieto. Una mitad piensa que sí o en parte y otra mitad cree que no. Se tiende a pensar que ningún partido en particular se beneficia de la captura del exgobernador veracruzano (49%). En cambio, las opiniones se dividen entre quienes creen que el más perjudicado es el PRI (40%) y quienes creen que ninguno (37%) (gráfica 7).
El hecho de que, además de a Duarte, se haya detenido en este sexenio a exgobernadores que han pertenecido al PRI ha derivado en que se perciba una aplicación de la ley sin distinciones de partido (60%). Sin embargo, las opiniones están divididas sobre si en este sexenio la Procuraduría General de la República ha detenido a más gobernadores acusados por actos de corrupción o vínculos con la delincuencia organizada que en el sexenio de Felipe Calderón. 44% cree que sí, pero otra proporción parecida dice que la PGR aprehendió a más en el gobierno pasado (gráfica 8).
En cualquier caso, la acción del gobierno de Peña Nieto para proceder contra ex mandatarios estatales implicados en casos de corrupción o crimen organizado dista de satisfacer ampliamente a la población. La mayoría cree que todavía no está haciendo todo lo necesario para que sean detenidos, procesados y sancionados (62%). Precisamente se piensa que castigarlos es lo que principalmente falta, además de recuperar el dinero malversado y perseguir a otros implicados en casos de corrupción.