Después de las detenciones de Tomás Yarrington Ruvalcaba y César Duarte de Ochoa, exgobernadores de Tamaulipas y Veracruz respectivamente, emergieron las suspicacias, lógicas e ilógicas en torno a esas capturas fuera de nuestro país.
Así, unos dicen que fueron muy “oportunas” para el PRI, de frente a las elecciones de junio próximo e incluso aventuran que el beneficiario directo será Alfredo del Mazo Maza en el Estado de México y otros, los más duros, que ni así les alcanzará para mantenerse en Los Pinos en el 2018.
Los más sensatos, para nosotros, expresan que el partido gobernante se beneficiará, sólo si se les somete a proceso y se les sentencia con todo el rigor de la Ley pues con ello el mensaje será claro: El binomio corrupción – impunidad se ha terminado
Ya no valdrá aquello de que, hacerle favores al Presidente te salva de ir a la cárcel por cosas como: delitos contra la salud, lavado de dinero, delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, defraudación fiscal, enriquecimiento ilícito, peculado, desvío de recursos, venta ilegal de terrenos del patrimonio estatal, delitos electorales, encubrimiento, abuso de autoridad y tráfico de influencias, entre otras linduras que podrían sonarles muy a San Luis Potosí.
BARBAS A REMOJAR
La historia de los gobernadores corruptos en los últimos tiempos, comenzó a escribirla Mario Villanueva Marín, de Quintana Roo, hoy con prisión en casa por razones de edad y de salud y en esa entidad la continua Roberto Borges, a quien su sucesor, Carlos Joaquín González acusa de vender terrenos estatales a amigos y parientes en cantidades irrisorias pero, extrañamente, aún no le giran orden de aprehensión.
En el resto del país la trama pasa por 9 entidades de las que sobresalen los dobleteos de Tamaulipas y Veracruz, que podrían irse a tripleteos con Yarrington, Flores y Egidio, y Duarte, Flavino y Fidel Herrera, respectivamente.
Y ya en los terrenos de la “solidaria complicidad”, o encubrimiento, que abarcaría a exmandatarios estatales que se hacen y dejan hacer a sus cercanos y colaboradores, que fue lo que, dicen, hizo el exgobernador Fernando Toranzo, vale la pena señalar que ya está configurado como delito en el Sistema Nacional Anticorrupción.
Así que bien haría el Contralor General del Estado, Gabriel Rosillo Iglesias en aclarar los 400 millones de pesos “desaparecidos” del fondo de pensiones de los maestros jubilados de telesecundarias junto con los dineros de los desayunos del DIF estatal .
TRABAJO, NO ROLLOS
Sin olvidar los fraudes cibernéticos de la Auditoría Superior del Estado, SEA, y del Colegio de Bachilleres, Cobach, y no vaya a esperarse hasta la glosa del próximo Informe de Gobierno carrerista para sacarlos a flote, como este año hizo con lo de los desayunos escolares de la doctora Ramos Segura, de lo cual hasta hoy no ha vuelto a dar ningún avance.
El caso es el tema anticorrupción debe abarcar la reparación del daño, o sea que devuelvan lo robado íntegro y con intereses, junto a castigos ejemplares que no tengan derecho a fianza sin misericordia alguna, para que el gobierno recupere la confianza del pueblo y aquí, más de un exgobernador la debe pagar.
Obvio que llegando a esos niveles, el PRI será el más beneficiado sobre todo si apoyan al Sistema Anticorrupción “hasta las últimas consecuencias”.
Incluso podrían impulsar la construcción en México, como ya hizo Guatemala, de una prisión de máxima seguridad para exfuncionarios a cargo del ejército para que esté a salvo de privilegios, túneles y evasiones, y se vea que va en serio. .
Ya si el Congreso del Estado se pone las pilas y reabre lo de la cuenta pública de FTF pues, es lo menos que podrían hacer aunque, por sus torpezas podría salirles el tiro por la culata ¿Por qué no intentar reivindicarse?
INQUIETUD EN EL COBACH
En éste marco, cobra relevancia el desvío millonario con depósitos federales a cuentas apócrifas del Colegio de Bachilleres que, al parecer fue la gota que volcó el vaso de la paciencia entre directivos y trabajadores del Subsistema dirigido por el doctor Amado Felipe Vega Robledo.
Y es que en círculos bancarios se afirma que la llamada “cuenta apócrifa” no lo es tanto, ya que si bien fue abierta en la Ciudad de México, quien la abrió habría presentado papelería legal y oficial del Colegio de Bachilleres, “por lo que la investigación debe empezar por ellos mismos”. Es increíble que a éstas alturas no tengan clara la identidad del aperturante”, que debe tener las confianzas del director general..
Cabe recordar que por su actitud despectiva hacia los trabajadores del Cobach, no pocos directores se sumaron al Sindicato Independiente, advirtiendo que de continuar en la dirección general Amado Vega Robledo, la SEGE deberá enfrentar las consecuencias de mantenerlo en ese cargo.
Y es que con el término “reestructurar” no se habla de una acción como la que refiriere el doctor Rodolfo Tuirán Gutiérrez, cuando considera a la evaluación como una de las acciones que condicionan el nuevo modelo educativo pues aquí, todo indica que sólo se trata de deshacerse de directivos y maestros incómodos o contrarios a la corriente e intereses tanto del director del Cobach como el titular de la SEGE los cuales tienen fuerte tufo a corrupción, solapamiento e impunidad.
En un estado donde todos los días hablan de nuevas inversiones extranjeras y de supuestos avances en el crecimiento económico, que no al desarrollo; la crisis del Cobach se ve agravada por el tratamiento faccioso de un grupo de interés político que desoye el abuso de autoridad y altera la formación incipiente de los futuros técnicos y profesionistas que esas nuevas plantas requerirán, no abona a la confianza de la sociedad. ¿No cree usted?.
