Al cierre del ejercicio 2016, la Contraloría General de Gobierno, sancionó con suspensión o inhabilitación para desempeñarse en cargos públicos a cuatro funcionarios, sin embargo señaló que en la mayoría de los casos los funcio-naros recurren a los tribunales para dejar sin efecto las sanciones que les son impuestas.
El titular de la dependencia, Gabriel Rosillo Iglesias, expuso que estas sanciones impuestas, fueron recurridas ante la corte, por esas cuatro personas. Además expuso que “lo que pasa es que son procesos que aún siguen, ellos recurrieron ante las instancias judiciales para su defensa, vamos esperar a que causen estado” agregó.
No precisó las razones por las que esos servidores públicos fueron sancionados. No obstante, también explicó que la mayoría de las ocasiones, los servidores públicos, son sancionados por no cumplir con el requisito de entregar en el mes de mayo, su declaración patrimonial.
Dijo que por eso vamos estar muy atentos para que el próximo mes, cumplan con esa obligación.
La mayoría de las ocasiones, ese incumplimiento, ocurre por un descuido atribuible a los propios funcionarios públicos. “Lo que ocurre es más por dejar las cosas hasta el último, no tanto por ocultar sus declaraciones patrimoniales” concluyó.
