El presidente del Alto Comisionado de Derechos Humanos Internacionales, Iván M. Riebeling, denunció la ausencia de un estado de derecho en Baja California que ha fortalecido la presencia del narcotráfico y el cártel de “Los Pepos”, cuyo eje operativo está conformado por la policía preventiva estatal.
Dijo que los secuestros están a la orden del día en los cinco municipios que conforman la entidad, lo que ha hecho que se frene la competitividad y el desarrollo de la zona, inclusive Tijuana y Mexicali, ocupan el último lugar a nivel nacional de acuerdo al análisis prospectivo del Instituto Mexicano para la Competitividad A.C.(IMCO).
Riebeling explicó que, se han trastocado los ejes de la gobernabilidad como es laseguridad personal, patrimonial, derechos humanos y transparencia, de lo cual Baja California era un ejemplo a nivel global.
Anunció una campaña a nivel internacional para buscar que los ciudadanos de ese estado tengan la plena garantía para ejercer actividades empresariales, industriales y de turismo; que hoy están vedadas ante la ingobernabilidad que se vive bajo la administración del panista Francisco Vega Lamadrid, conocido en el ámbito político como “Kiko Vega”, pues a partir de su arribo al poder el primero de enero de 2013, esa zona del país vive una historia negra en el terreno de la seguridad.
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En este contexto la Coparmex ha manifestado también su inconformidad y alertó a la sociedad para que se genere un frente de resistencia ante el clima de inseguridad que ha alejado a los inversionistas puesto que los capitanes del dinero siempre han visto a la zona fronteriza como un polo de desarrollo hoy vulnerable.
La delincuencia ha tomado carta de naturalización dijo Ivan Riebieling y esto se manifiesta por los atropellos de la policía estatal preventiva que han consolidado el cártel de los denominados “Pepos” y su relación con la delincuencia organizada como signo de impunidad.
El representante del Cuerpo Diplomático de Derechos Humanos Internacionales dijo que el presidente de la República Enrique Peña Nieto, el Procurador General de la República Raúl Cervantes Andrade y los Secretarios de la Defensa General Salvador Cienfuegos Zepeda y Marina Almirante Francisco Soberón Sanz, deben tomar cartas en el asunto, pues no se puede permitir que Baja California esté controlada por la delincuencia organizada y el cártel de la policía estatal preventiva conocido en todo el norte del país como los“Pepos”.