Luego de que en días pasados el alcalde de Zapopan, Pablo Lemus Navarro, confirmara que se llevará a cabo la venta de siete predios que son de propiedad municipal, para concretar algunos proyectos, el senador priista, Jesús Casillas Romero, exigió al munícipe dar marcha atrás a esta medida o de lo contrario emprenderá acciones para frenarla.
El ayuntamiento pretende subastarlos para recaudar alrededor de 450 millones de pesos, que se destinarían para la construcción de oficinas de gobierno que estarían ubicadas en La Curva, en el denominado Centro Integral de Servicios, además de un parque público y un estacionamiento.
Casillas Romero insistió que se debe dar reversa a esta venta, porque el argumento de que el ayuntamiento requiere recursos es injustificado, «toda vez que el municipio de Zapopan para este año recibirá de este presupuesto anual del orden de los seis mil millones de pesos, 350 millones adicionales (…), y más de 150 millones de pesos adicionales por participaciones federales». Incluso mencionó que la venta de los terrenos le parece sospechosa porque se trata de terrenos de alta plusvalía, en los que se podría generar más vivienda, «por ejemplo, uno de los terrenos se ubica en la confluencia de avenida Acueducto y Periférico, justo a unos metros donde el Gobierno del Estado acaba de recuperar terrenos de Colomos III, que es una zona ecológica».
Otro de los terrenos importantes, dijo, es el de Volcán Quinceo, ubicado en la zona del Colli, en el que el municipio podría construir un parque lineal, una unidad deportiva, un centro de salud, inclusive donarlo a la Secretaría de Educación para que resuelva los problemas de espacios educativos que se tienen en ese sector.
Con relación a los dos terrenos ubicados en Technology Park, señaló que es una zona de amortiguamiento del Bosque de La Primavera. El senador denunció que la venta es irregular y en caso de que el alcalde decida concretarla, se hará la solicitud para una consulta pública que sería organizada por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), la presentación de amparos colectivos, denuncias ante los órganos de fiscalización, e incluso la solicitud de un plebiscito.
