El diputado Gerardo “Chilillo” Serrano, volvió a quedar en evidencia en redes sociales, en donde fue objeto de burlas, por desconocer el Estado que gobernó Javier Duarte, luego de su captura en Guatemala.
A través de su cuenta de twitter, el legislador local por el PRI y PVEM, posteó sus congratulaciones por la detención de Javier Duarte, “ex gobernador de Tamaulipas”.
Lo anterior demuestra lo enterado que está el diputado, pues sin temor a equivocarnos, podemos asegurar que hasta un niño de primaria conoce que Javier Duarte fue gobernador de Veracruz, pues durante los últimos meses ha sido tendencias en las redes sociales, tanto en San Luis Potosí como a nivel nacional.
Gerardo “Chilillo” Serrano, publicó “El CISEN en cooperación con autoridades Guatemaltecas logró la captura de Javier Duarte, ex gobernador de Tamaulipas. Gran noticia”.
Obviamente, cuando se dio cuenta de su equivocación, de inmediato lo eliminó.
Cabe recordar que Gerardo “Chilillo” Serrano, propuso recientemente que se violentara la Constitución Política Mexicana, al presentar una iniciativa para que quienes aspiren a ser diputados cuenten, por obligación, con algún título universitario, pasando por alto que la Carta Magna del país, señala que todo mexicano tiene derecho a votar y ser votado.
En otro orden de ideas, el diputado Gerardo Serrano Gaviño se pronunció a favor de que el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje opere con los recursos necesarios para responder de manera inmediata al rezago que tiene actualmente atendiendo los asuntos de su competencia, porque entre más se retarde el trámite de éstos, más lacerante es para las arcas del erario público.
Por ello el legislador presentó una iniciativa de reforma a la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado de San Luis Potosí, con el objetivo de establecer que el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, en una autonomía plena, elabore su presupuesto de egresos y lo envíe al Congreso del Estado para que sea contemplado y aprobado dentro del presupuesto de Gobierno del Estado y ello le permita al Tribunal cumplir con el pago de sus gastos operativos, buscando con ello una justicia laboral pronta y expedita para los trabajadores del Estado, así como para las mismas instituciones.
