La Suprema Corte de Justicia determinó que las comisiones Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Geneáticamente Modificados y la Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas consulten a las comunidades del municipio de Bacalar, Quintana Roo, sobre la siembra y cultivo de soya transgénica por parte de la empresa Monsanto.
De esta forma, a propuesta del ministro Fernando Franco, fue cancelado por la Segunda Sala el permiso MKON-04032-6 otorgado a Monsanto para el cultivo de soya transgénica en los territorios ubicados en dicho municipio, donde se encuentran asentadas comunidades indígenas que podrían verse afectadas con la utilización de dichas tierras.
Hay evidencia suficiente para considerar que la siembra de soya genéticamente modificada, resistente al herbicida denominado glifosato, deba ser considerado proyecto de impacto significativo, debido a la potencial afectación que pueden resentir las comunidades indígenas involucradas», coincidieron los ministros.
Para la SCJN entre las problemáticas se encuentra la disipación a los mantos acuíferos subterráneos, afectando todas las formas de vida cercanas, lo que es de particular importancia en este caso, ya que la composición del subsuelo de la Península de Yucatán depende principalmente de rocas carbonatadas de fácil disolución, muy porosas, fracturadas y con una alta permeabilidad.