A más de cuatro años de que municipios, estados y gobierno federal aceptaran la creación de cinco Instancias Regionales de Coordinación para combatir al crimen organizado, la zona centro del país registra el mayor número de averiguaciones previas por delitos de mayor impacto, entre ellos, robo, secuestro, extorsión y homicidios dolosos.
Los reportes que las procuradurías y fiscalías entregaron al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad (SESNSP), entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2016, indican que, en la Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala, se abrieron dos millones 415 mil 716 expedientes o carpetas de investigación por delitos del fuero común.
Las más de dos millones de denuncias (cada una puede incluir más de una víctima), indican que cada 61 segundos una persona presentó ante el Ministerio Público una denuncia o las autoridades acudieron a la escena de un crimen.
El análisis de un Diario de circulación nacional revela que, en estos siete estados se concentra el mayor número de investigaciones por robo a transeúnte, a casa habitación o negocio, con y sin violencia (966 mil 904 expedientes); homicidios dolosos (23 mil 645); extorsiones (10 mil 66); y secuestros (dos mil 38).
Además, en la Ciudad de México, donde se encuentran los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, se registra el mayor número de averiguaciones previas de todo el país por robo en cualquiera de sus modalidades, así como extorsiones. Mientras que el Estado de México tiene el mayor número de investigaciones por homicidios dolosos.
Según reportes de la Procuraduría General de la República (PGR), en estos siete estados se tiene identificada la presencia de las organizaciones criminales de La Familia Michoacana, Cártel Jalisco Nueva Generación, Cártel Indepediente de Acapulco (CIDA); Sinaloa, Golfo, Zetas, Los Rojos, Guerreros Unidos, Caballeros Templarios, Beltrán Leyva y La Unión.
La segunda zona de mayor incidencia delictiva es Occidente (un millón 257 mil 584 investigaciones); le sigue Noroeste (992 mil 107); Sureste (943 mil 380); y Noreste (875 mil 47). En esta última, Tamaulipas es la entidad donde se han iniciado más investigaciones por secuestro (843).
Pocos resultados
El 17 de diciembre de 2012, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, acompañado por el exprocurador General de la República, Jesús Murillo Karam, y César Duarte Jáquez, exgobernador de Chihuahua, anunció en la II Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, la creación de cinco zonas regionales.
En su discurso, el funcionario dijo que la estrategia no sería limitativa, y a través de los municipios se buscaría la cohesión y convivencia comunitaria”.
Incluso, el Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), menciona que la Segob carece de estudios, estrategias y proyectos, que permitan disminuir la incidencia delictiva, lo que originó un aumento de la incidencia delictiva de alto impacto, al pasar de 35 mil 139 delitos por cada 100 mil habitantes, en 2012, a 35 mil 497, en 2015.
Sin embargo, a más de cuatro años de que se publicó el decreto, el 10 de enero de 2013, en el Diario Oficial de la Federación (DOF), especialistas en seguridad nacional, consideraron que la estrategia no ha tenido resultados, ya que nunca se trazaron objetivos.
“En principio desde que se realizó está división del país nunca se explicó por qué se hizo. Después, las autoridades argumentaron que era por dinámicas criminales, así como cuestiones de seguridad que se presentaban en la zona. Al final de cuentas lo que se observa es que la división no se tradujo en una política pública por parte de las fuerzas de seguridad, procuración de justicia y Ejército sobre cada una de estas regiones”, indicó Armando Rodríguez Luna, integrante e investigador del Colectivo de Análisis para la Seguridad con Democracia (Casede),
“Creo que fue una estrategia que no ha dado los resultados que esperábamos. Los índices de violencia en el país están llegando a los niveles de 2011. El problema sigue siendo la coordinación entre agencias de seguridad pública y Defensa a nivel federal con las autoridades estatales y municipales”, consideró Gerardo Rodríguez, coordinador del Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia de la Universidad de las Américas de Puebla (UDLAP)
Rodríguez Luna indicó que la concentración de los delitos puede tener diferentes factores, pero refirió que también se debe tomar en cuenta la cifra negra de delitos.
La última encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) menciona que en 2015, sólo se denunció el 10.5% del total de los delitos que se cometieron en el país, de los cuales el Ministerio Público sólo inició averiguación previas o carpeta de investigación en 59.6% de los casos.
“Durante 2015 se inició averiguación previa en el 6.3 por ciento del total de los delitos. Lo anterior, representa un 93.7 por ciento de delitos donde no hubo denuncia o no se inició averiguación previa”, refiere el documento.