Tras reconocer que durante años las desapariciones de personas en el Estado no se atendieron de forma adecuada, el Ejecutivo presentó ayer una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General para crear una Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, la primera de su tipo a nivel nacional. Con una nueva dinámica y metodología esperan mejorar la atención y resolver más denuncias, expuso el gobernador Aristóteles Sandoval.
“Pretendemos dar un viraje total en la forma de enfrentar el problema de las desapariciones en la Entidad (…) Los gobiernos, desde décadas atrás, fuimos poco sensibles ante lo que es una tragedia para muchos hogares”.
La Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas tendrá sede en las instalaciones de la calzada Independencia y concentrará al personal del Protocolo Alba y Alerta Amber. El fiscal general, Eduardo Almaguer, indicó que sumará a poco más de 100 personas, varias elegidas de otras áreas de la Fiscalía, y sólo se contratará a algunos especialistas, como antropólogos y psicólogos.
Organismos como el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad) señalaron la necesidad de contratar más personal para atender la gran cantidad de casos de desapariciones, que colocan a Jalisco en tercer lugar nacional, con dos mil 653 casos de acuerdo al Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED).
El fiscal de Derechos Humanos, Dante Haro, aclaró que los resultados se apreciarán pronto y reconoció que en pasadas administraciones hubo muchas fallas en las investigaciones.
“La gran problemática es lo que se viene arrastrando, lo que no se hizo antes. Las carpetas de investigación tienen dos, tres hojas donde, lamentablemente, no se tomaron de manera adecuada los datos (…) Yo sí estaría hablando que en un semestre se daría un cambio fundamental en los hechos que están sucediendo”.
Las autoridades aún no cuentan con un candidato para dirigirla, pero en su selección colaborará la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, que apoyó en la elaboración del proyecto.
“Tiene que ser una persona que haya tenido experiencia, gran legitimidad con la sociedad y grupos civiles”, expuso el fiscal Almaguer.
Se espera que en 30 días la iniciativa sea aprobada por el Congreso del Estado y después se determinará los recursos con los que dispondrá. En el Presupuesto de Egresos del Estado para 2017 se destinó una partida de tres millones 561 mil pesos en el rubro de Investigación y persecución en materia de personas no localizadas y desaparecidas.