Las Fuerzas Armadas no pueden salir de las calles y volver a los cuarteles “de tajo”, pues propiciaría el fortalecimiento de las organizaciones delincuenciales del país, advirtió el comisionado Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Raúl González Pérez.
En un documento que presentó este martes al Senado de la República, en el que manifiesta una serie de consideraciones ante la eventual emisión de una ley de seguridad interior en México, apuntó que la actuación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública se ha venido realizando por más de una década, pero esto, debe ser excepcional.
“Es de reconocerse la labor de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad, y también no puede soslayarse que su salida de las tareas hasta ahora encomendadas en la materia de seguridad no pueden suprimirse de tajo, pues lejos de contribuir al orden nacional, dejaría un nicho propicio para el fortalecimiento de las organizaciones delincuenciales del País, por lo que su regreso a sus funciones constitucionales primarias, debe ser gradual, y verificable; sin embargo, su participación, debe definirse y propiciarse bajo los estándares del principio de legalidad”, señaló.
La CNDH urge al Estado a propiciar una mayor seguridad, justicia y democracia estableciendo “políticas y acciones de más prevención y menos reacción, de esta manera el retorno gradual de la Fuerzas armadas a sus funciones ordinarias, estará más cerca”.
En este contexto, señaló, la discusión sobre el marco normativo aplicable a las tareas que con carácter extraordinario —desde hace una década— llevan a cabo las fuerzas armadas, resulta relevante pero no implica, por sí misma, la solución a la inseguridad y violencia que nuestro país enfrenta.
“Es preciso recuperar la justicia, el respeto, el cumplimiento de la ley, la solidaridad, la educación, el trabajo, la inclusión y el desarrollo, para reducir la brecha de desigualdad y pobreza, así como propiciar mejores niveles y condiciones de vida para las personas.
“Todas y todos tenemos derecho a vivir en un entorno de paz, en el que contemos con condiciones razonables de seguridad que posibiliten el ejercicio y vigencia de nuestros derechos”, apuntó.
TEMAS A PRIVILEGIAR
Raúl González envió el documento a la Cámara Alta en contribución al marco de consultas y análisis en el Congreso para la emisión de la ley y en él propone 10 puntos que consideró debe privilegiar el Legislativo para la formulación de la misma.
Como primer punto propone tomar como premisa general el reconocimiento y respeto de la dignidad de las personas; preservar la vigencia del esquema de competencias y atribuciones que, en materia de seguridad pública, contempla el artículo 21 Constitucional que dispone que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, entre otras legislaciones en relación.
“No es función originaria de las Fuerzas Armadas cumplir con labores de Seguridad Pública para las que no han sido instruidas ni capacitadas”, apunta.
Además, distinguir y acotar los conceptos de seguridad pública, seguridad nacional y seguridad interior; preservar el respeto al principio de legalidad que todo acto de autoridad debe revestir, en particular por lo que hace a los actos de molestia o incluso privativos que pudieran sufrir las personas.
Prevenir que se afecte o se propicie la afectación del legítimo ejercicio de otros derechos fundamentales, tales como la libertad de expresión y contemplar mecanismos de control institucional, claros y de colaboración entre autoridades, para la implementación, seguimiento y control de las acciones que se desarrollen al amparo de esa ley.
En el punto siete señala temas de fortalecimiento de especialización de seguridad. “La formación y capacitación de policías; la inteligencia financiera y la investigación patrimonial; el fortalecimiento de la prevención; así como una revisión y replanteamiento de nuestro sistema penitenciario.
“Son tan sólo algunos de los factores que se deberían atender de manera adicional a una ley sobre seguridad nacional o interior, misma que en todo caso deberá formularse bajo una perspectiva de derechos humanos y ser acorde al régimen competencia, previsto por la Constitución”, explica.
También pide definir los ámbitos temporal, espacial y material de las acciones de seguridad interior, así como su difusión y publicidad; evitar que las Fuerzas Armadas participen en la prevención e investigación de los delitos.
“No asumir bajo ningún supuesto que la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas vinculadas a la seguridad de las personas pueda asumir carácter permanente. La ley, en su caso, debe establecer las bases para el retorno gradual y verificable de las Fuerzas Armadas a las tareas que le son propias”, apunta como décimo punto.
Los 10 puntos de la CNDH
En el documento que envió Raúl González al Senado se enumeran estas propuestas para una eventual ley interna de seguridad.
- Reconocimiento y respeto de la dignidad de las personas.
- Preservar la vigencia del esquema de competencias y atribuciones.
- Distinguir y acotar los conceptos de seguridad pública, seguridad nacional y seguridad interior.
- Preservar el respeto al principio de legalidad.
- Prevenir que se afecte o se propicie la afectación del legítimo ejercicio de otros derechos fundamentales.
- Contemplar mecanismos de control institucional.
- fortalecimiento de especialización de seguridad.
- La inteligencia financiera y la investigación patrimonial.
- El fortalecimiento de la prevención.
- Revisión y replanteamiento de nuestro sistema penitenciario.