En la primera sesión Solemne de Cabildo de este año, el Presidente Municipal de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Juárez, tomó la protesta de ley a Ramón Meléndez Ávila como coordinador de Derechos Humanos del Municipio, a quien le solicitó velar, promover y hacer respetar las garantías de las personas que habitan en esta capital.
Insistió en la importancia de esta figura para cumplir con la normatividad vigente y dar certeza a la ciudadanía potosina de que sus derechos estarán protegidos, y expuso que el desempeño del titular de esta nueva área será independiente y de acuerdo a las facultades que la legislación establece.
Por su parte, el recién designado coordinador de Derechos Humanos capitalino, Ramón Meléndez, destacó los 14 años que lleva “en la difusión y defendiendo este tema, por lo que a través de este nuevo encargo atenderé las solicitudes de la población en cuanto al actuar de servidores públicos municipales, y también se actuará cuando me percate de cualquier situación que vulnere a los potosinos”.
Añadió que gracias a su labor anterior como parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, se mantendrá el vínculo y la comunicación con este organismo para darle vista a todos aquellos casos que lleguen a la coordinación municipal en esta materia.
Por otro lado, en la cuarta sesión ordinaria de Cabildo, sus integrantes aprobaron las reformas y adiciones al Reglamento de Espectáculos Públicos, así como el nuevo Reglamento Interno del Consejo Técnico Catas-tral Municipal, para que sean congruentes con la realidad actual de la ciudad y tengan correspondencia con otras normas vigentes.
En cuanto al punto relacionado con un asunto laboral, la síndico María Isabel González Tovar lamentó la demora de cuatro meses en la que incurrió la ex presidenta de la Comisión de Pensiones y Asuntos Laborales, Marcela Zapata Suárez, para subir un caso a Cabildo y que fuera votado, lo que a su vez podría caer en una falta de legalidad.
Finalmente, por mayoría se rechazó el proyecto de decreto presentado por los legisladores Enrique Alejandro Flores y Gerardo Serrano, para reformar el Artículo 46 fracción IV, de la Constitución Política del Estado, y disminuir de 21 a 18 años, la edad para ser diputados locales, por considerar que no tiene el suficiente sustento ni justificación.