Por sus ineficaces resultados y evidente corrupción, la Auditoría Superior del Estado debería desaparecer y ser creado en su lugar un órgano colegiado integrado por cuatro o cinco especialistas en el tema de la fiscalización de recursos públicos, que cuenten con probada solvencia moral y vocación de servicio, señaló el licenciado Jalil Chalita Zarur, secretario de Vinculación del Comité Directivo Estatal del PAN.
En entrevista, añadió que presentará una iniciativa de ley para desaparecer la Auditoria Superior del Estado pues “no revisa nada, es el negocio de Ali Baba y los 40 ladrones, muchos funcionarios están metidos ahí, haciendo negocios con la mayoría de los auditores”, sentenció.
En San Luis Potosí, agregó, existe gente muy capaz y honesta, como el catedrático de la UASLP, José Mejía Lira, quien cuenta con una vasta trayectoria en la administración pública y es experto en el tema de la fiscalización de recursos, además de tener fama de honesto e incorruptible.
En breve, dijo, presentaré una iniciativa con proyecto de decreto para reformar diversos artículos de la Constitución local, a fin de desaparecer la Auditoría Superior del Estado (ASE) y crear otro nuevo órgano de fiscalización.
Subrayó que desde su creación la ASE ha sufrido un proceso de desgaste que ha generado vicios vinculados a su escasa productividad, ineficiencia e ineficacia en el cumplimiento de sus facultades y obligaciones.
“De ahí que las acciones y resultados obtenidos han sido severamente cuestionados tanto política como socialmente”.
Explicó que por ello, en su propuesta de ley planteará instituir un nuevo órgano de fiscalización de la entidad, dotándolo de autonomía técnica, de gestión, presupues-tal y financiera, a efecto de que cuente con independencia en la decisión de su organización interna, funcionamiento y resoluciones, con libertad plena en la elaboración de su proyecto de presupuesto de egresos.
También, expresó, se establecería que el nuevo órgano superior de fiscalización contrate directamente a su personal, con el perfil idóneo para cada puesto, garantizando así la calidad de los resultados en la revisión de la cuenta pública.
Además, propondrá que esté representado por un órgano colegiado, integrado por un consejero presidente y cuatro consejeros, con el que se perfila que la toma de decisiones sería analizada y discutida de manera colectiva.
“Los integrantes de dicha instancia de representación, serían designados en forma escalonada”
Dentro de sus nuevas facultades de plantearía que el nuevo órgano autónomo tenga el poder jurídico necesario para proceder a la revisión y fiscalización de la cuenta pública y gestión financiera ante los entes fiscalizables, cuando se advierta la existencia o surjan hechos notorios sobre irregularidades que produzcan un daño o perjuicio a las haciendas públicas estatales o municipales o al patrimonio de las entidades fiscalizables.
“Lo anterior sin perjuicio de que el Congreso del estado haya aprobado o no la cuenta pública del ente fiscalizable que corresponda, toda vez que los hechos notorios sobre los actos de corrupción pueden surgir en cualquier momento, y al percatarse de ello, el ente fiscalizador tendrá la facultad imperativa de iniciar el procedimiento de revisión correspondiente”, finalizó.
