No gastar más de lo que se tiene es un principio que debe de ser aplicado en la administración pública en los tres niveles de gobierno; pero esta práctica de gastar más allá del presupuesto asignado se ha convertido en una costumbre permanente así encontramos que la Federación se ha endeudado con 9.7 billones de pesos.
Indiscutiblemente no sólo debe esa cantidad sino los intereses que van quedándose cotidianamente, además de un costo de manejo financiero o manejo de deuda.
El gobierno federal no siempre se ha endeudado a escondidas, a través de publicaciones especializadas en finanzas y a través del diario oficial de la Federación se publican las convocatorias para solicitar préstamos ya sea con recursos nacionales o internacionales.
Desde hace aproximadamente 40 años se han emitido los llamados BONDES o bonos de desarrollo, es decir, no teniendo en ese momento se pide dinero prestado para construir por ejemplo una carretera. Dinero que seguirá pagando desde luego con sus respectivos intereses por lo que de manera directa la construcción de esa obra de desarrollo sale mucho más cara de lo anunciado.
Es común que se hipoteque cierta partida presupuestal presente y futura, es decir el recurso que se vaya a recibir por un plazo de cinco o 10 años para determinado ramo se hipoteca; aunque quien realice la obra y tramite el préstamo termine su gestión administrativa en un periodo menor a 10 años.
El próximo gobernante que llegue pedirá recursos para pagar el adeudo que le dejó la administración anterior y volverá a pedir otro préstamo para realizar alguna obra propia de su gobierno.
De esta manera sencilla se van endeudando las administraciones hasta llegar a convertirse en cuentas auténticamente impagables como lo son actualmente las deudas de nuestro país.
Cuando ya no se tiene capacidad de pedir más recursos prestados hipotecando ciertas partidas presupuestales entonces se puede llegar a hipotecar, porque ya se ha hecho, los yacimientos de petróleo, yacimientos mineros, redes carreteras etcétera.
Esto se publica a través de algunos medios pero sobre todo las cámaras de legisladores lo conocen perfectamente porque ahí es donde se aprueban los endeudamientos del poder ejecutivo.
Este mismo esquema se repite a nivel estatal en todo el país y por si fuera poco también a nivel municipal.
En San Luis Potosí existe una danza de millones-mentiras de la deuda pública se habla de un total de 14 mil millones y otros aluden únicamente a 6 mil millones; pero de todas esas cantidades se requiere pagar intereses y manejo de deuda.
En San Luis Potosí se ha hipotecado por ejemplo el impuesto sobre nómina y algunos otros impuestos específicos para cuestiones totalmente ajenas a lo que son recaudados dichos impuestos.Los ayuntamientos también cargan con una pesada losa que cínicamente se la quitan de encima diciendo son adeudos que nos heredaron y entonces negocian con otro banco para qué pague lo que deben y así poder seguir endeudándose en una línea casi al infinito.
En este momento en México no existe una reglamentación clara y enérgica para impedir que las administraciones públicas de los tres niveles de gobierno se endeuden más allá de lo que su administración tenga capacidad de pagar. Efectivamente existen leyes y reglamentos enunciativos de esta limitante pero no existe un estricto control de los préstamos y de esta manera se gastan más de lo que se tiene asignado. Y lo más grave es que no existe transparencia con relación al destino específico de estas enormes cantidades de recursos que la población directa e indirectamente algún día tendrá que pagar.
