El Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) Raúl Arturo Ramírez Ramírez, se amparó para no presentarse a comparecer ante un juez sobre el caso de Gisela Peraza, la ex empleada doméstica de la familia Padrés, acusada y torturada por el presunto robo millonario de dinero y joyas de la alcoba matrimonial del ex gobernador Guillermo Padrés.
El abogado Juan Antonio Ortega García dijo que el Ombdusman sonorense actuó mal, no procedió como debía en el caso de su clienta, cuando su familia interpuso una denuncia por privación ilegal de la libertad y tortura; incluso las fotografías que se presentaron como prueba las hizo “perdedizas”, por eso optaron por acudir ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), expuso.
Sí se amparó, dijo; el día jueves 12 de enero debía presentarse ante un juez, y no dio justificación para no asistir, “apenas el que tiene miedo a espinarse se pone los hauraches”.
Gisela Peraza Villa estuvo arraigada y fue torturada durante dos meses en el Hotel Pitic, de Hermosillo, se le denunció con pruebas y no lo atendió porque es un “chambista” no quiso perder su trabajo, expresó el litigante.
El caso judicial continúa, hay más de 40 implicados y los actores principales son el ex gobernador Guillermo Padrés y su esposa Iveth Dagnino.
Gisela Peraza Villa, trabajó para la familia del ex gobernador de Sonora, durante 9 años y en marzo del 2011, fue detenida por el presunto robo de 5 millones de pesos y joyas; estuvo arraigada dos meses en un hotel, luego fue recluida en varios penales del estado y el 8 de junio del 2015 fue puesta en libertad.
Cumplió una condena superior a los cuatro años, tras ser acusada, condenada y liberada sin culpa.
Por esa razón demandó al ex mandatario sonorense de la administración 20092015, por 20 millones de pesos, al igual que a ex funcionarios de su gobierno y policías que la torturaron.
Sobre el tema, debió declarar Raúl Arturo Ramírez Ramírez, actual presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Sonora, pero el Juzgado Segundo de Distrito del Estado de Sonora con residencia en esta ciudad de Hermosillo admitió la demanda de amparo interpuesta por el Ombudsman bajo el número de expediente 30/201 contra posibles actos de detención por parte de la Dirección General de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Sonora