Parece que la amplia explicación del diputado panista Enrique Flores Flores, con la que pretende dar justificación legal al oneroso gasto que está a punto de hacer la LXI Legislatura local en la compra de 27 automóviles nuevos tipo Cruze, para uso de los legisladores no tiene el sustento legal deseado por el panista y podría incurrir en posible desvío de recursos.
De acuerdo a una fuente consultada en el área administrativa del Congreso del Estado, de la cual nos reservamos el nombre para su seguridad laboral, “al no haber partida para la compra de los automóviles, el acto sería un desvío de recursos”.
La fuente informativa señala que hay un presupuesto autorizado, y la Junta de Coordinación Política únicamente es el administrador de ese presupuesto, por lo que están imposibilitados para la compra de esos vehículos que pretende Flores Flores.
Incluso, su compañera de legislatura y de partido político, la diputada Josefina Salazar Baez, destacó que la decisión de comprar 27 autos nuevos que anda promoviendo Enrique Flores no fue informada a la JUCOPO, ni siquiera ha sido tratada en el Pleno del Congreso local y, ni mucho menos se han re presupuestado las finanzas legislativas, por lo que se mostró extrañada con su compañero de fracción.
Sobre todo que Enrique Flores Flores salga en estos momentos con una idea así de comprar coches nuevos cuando la ciudadanía se encuentra inmersa en una situación de disgusto por el dispendio que hacen las instituciones públicas, sentimiento que se ha agudizado frente a los aumentos en los carburantes que ha desatado un malestar generalizado en todo el país.
Flores Flores, que en 2014 firmó con el resto de legisladores federales lo referente a los aumentos a la gasolina, que en estos momentos está viviendo México, como lo aseguran ex funcionarios y funcionarios de Hacienda, y el mismo Presidente, insiste en que los carros no serían una carga para el Congreso, porque serían comprados con los rendimientos que les dan los bancos donde depositan los recursos del Poder Legislativo. Aún así, a lo dicho por Josefina Salazar, en el sentido de que no se ha avisado al Pleno del Congreso ni se han represupuestado la finanzas del Legislativo, hace suponer que la compra de los carros nuevos podría convertirse en un desvío de recursos con todo conocimiento de causa.