El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó su Plan Estratégico 2016-2026 con el reconocimiento de que enfrenta como amenazas un ambiente político y social enrarecido por el crimen organizado previo a las elecciones 2017-2018, la injerencia de esos grupos en la designación de candidatos y la existencia de movimientos sociales que lo toman como rehén para obtener prebendas.
El plan para la próxima década del INE establece como meta estratégica consolidarse en 2026 como garante de la democracia en el territorio mexicano con procesos electorales confiables, con altos niveles de eficiencia y eficacia y que garanticen el ejercicio de los derechos político-electorales de los ciudadanos.
El documento será, indicó el consejero presidente, Lorenzo Córdova, una “hoja de ruta que orientará los esfuerzos de innovación y eficiencia del INE en el futuro”.
“La modernización institucional y la búsqueda de la eficiencia están presentes en los objetivos estratégicos, en las políticas generales y en los proyectos que conforman nuestra carta de navegación para los próximos 10 años”, destacó.
“El INE es una institución profundamente eficaz, es tiempo que esa eficacia se traduzca en una eficiencia modélica”, agregó Córdova.
El plan retomó los trabajos realizados por la Comisión Temporal de Modernización, que encabeza el consejero Javier Santiago Castillo, y consideró también encuestas y diagnósticos sobre las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que enfrenta el INE.
Así, en el cumplimiento de su Plan Estratégico el instituto avistó, además de los citados, otros riesgos, como la falta de compromiso de los partidos políticos en materia de educación cívica y cultura democrática, y su renuencia a la transparencia y a la fiscalización.
También son dificultades a enfrentar las “descalificaciones a los actos de la institución” cuando los resultados electorales no favorecen a los actores políticos; la existencia de una “opinión pública negativa” fomentada por los medios de comunicación masiva y el desinterés ciudadano para fungir como funcionarios de casilla.
Con relación al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el instituto advirtió que debe mejorar la comunicación para “evitar las interpretaciones que debilitan la autoridad del INE, al negar, modificar o suprimir sus decisiones”.
Incluso la falta de criterios sobre la próxima posibilidad de reelección de ayuntamientos y de legisladores locales, así como la ausencia de una ley reglamentaria en materia de propaganda gubernamental, fueron señalados como otras problemáticas futuras que podrían afectar al organismo.
Además, como debilidades se determinó una falta de estrategia del INE “para un trabajo político con gobernadores, previo a las elecciones”, la sobrecarga de funciones la flexibilidad en la aplicación de la norma ante el incumplimiento de los partidos, “que contrasta con la rigidez de la regulación en el quehacer institucional”.
En cambio identificó algunas de las oportunidades con las que cuenta el INE, como el uso creciente de las redes sociales, pues es viable invertir en plataformas en internet, “que sirvan como ágoras digitales para coadyuvar en la formación de una cultura cívica deliberativa”.
Por eso, en esa materia se propuso aprovechar los medios electrónicos y redes sociales para diseñar y aplicar campañas de divulgación de las acciones en materia de educación cívica.
Entre las fortalezas del instituto, señaló su experiencia en materia de educación cívica, lo que lo coloca “como un actor clave para articular acciones” a nivel nacional.