La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó la nueva Ley de Vivienda con la que faculta al gobierno local a cobrar “plusvalías generadas por las acciones urbanísticas”.
Casi simultáneamente, el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, anunció su solicitud a la Asamblea Constituyente para retirar el artículo 21, inciso C, numeral siete del proyecto de Constitución que él mismo propuso, para evitar confusiones y para no crear nuevos impuestos.
Ese artículo propone que los derechos de edificación sean administrados por el gobierno de la ciudad, para distribuir las cargas y beneficios que imponga el ordenamiento territorial, “incluyendo la recuperación de las plusvalías generadas”, que deberán aplicarse en pro de los sectores de bajos ingresos.
La ley de Vivienda aprobada por la ALDF dice que las plusvalías recaudadas por las acciones urbanísticas deberán usarse para mejorar el espacio público, entre otras acciones.
La presidenta de la Comisión de Vivienda de la ALDF, Dunia Ludlow, aseguró que la nueva ley no impone nuevos impuestos a los dueños de predios, porque para eso primero se tendría que establecer en la Carta Magna y después en el Código Fiscal.
La ALDF aprueba recaudar plusvalía
El ordenamiento señala que el Gobierno de la Ciudad de México deberá generar mecanismos para la captación de recursos por acciones urbanísticas.
Mientras la Asamblea Constituyente debatía los términos de la “recuperación de las plusvalías” en la Constitución de la Ciudad de México, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó ayer la nueva Ley de Vivienda, la cual prevé, en su artículo 94, “que el Gobierno de la Ciudad de México deberá generar e implementar mecanismos para la captación de plusvalías generadas por las acciones urbanísticas”.
La nueva disposición, aprobada ayer en sesión ordinaria con 32 votos a favor, cero en contra y 16 abstenciones señala que la captación de plusvalías se destinará a la “defensa y fomento del interés común, a través de acciones y operaciones encaminadas a distribuir y sufragar equitativamente los costos del desarrollo urbano, así como al mejoramiento del espacio público, infraestructura urbana y, en general, del entorno urbano del territorio de la Ciudad de México”.
La Secretaría de Finanzas “deberá asignar al Instituto (de Vivienda) un porcentaje de los recursos obtenidos por captación de plusvalías, para la adquisición de reservas territoriales para la construcción de vivienda de interés social y popular”.
La presidenta de la Comisión de Vivienda, Dunia Ludlow, defendió que la Ley de Vivienda no obliga a la captación “de plusvalías en el sentido en el que se discute en la Constitución”, puesto que un impuesto adicional para los dueños de predios y posterior a la inversión pública se tendría que establecer primero en la Carta Magna y después en el Código Fiscal.
El grupo parlamentario de Morena, del que fueron todas las abstenciones, consideró que esta Ley debió votarse después de la publicación de la Constitución de la Ciudad de Méxicio.
El dictamen de la Ley de Vivienda fue sometido a una transformación sustancial luego de que el pasado 22 de septiembre, cuando en periodo extraordinario se presentó ante el pleno de la Asamblea Legislativa, que por falta de acuerdos se regresó a su análisis en comisiones.
En total, se incluyeron 297 modificaciones de 798 observaciones propuestas, en su mayoría por Morena además de organizaciones de vivienda, integrantes de la industria de la construcción, órganos de gobierno como el Instituto de Vivienda del Distrito Federal (Invi). También establece el derecho a la residencia “adecuada” para los habitantes de la Ciudad de México.
MANCERA PIDE CAMBIAR REDACCIÓN
El jefe de Gobierno dijo que así se evitará la creencia de que se quiere crear o cobrar un nuevo impuesto.
El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, negó ayer que exista la intención de crear o cobrar un nuevo impuesto, por lo cual solicitó al Constituyente que considere la posibilidad de modificar el Proyecto de Constitución que entregó el pasado 15 de septiembre, en el cual se incluye la “recuperación de las plusvalías generadas” por nuevas edificaciones.
Se refería al Artículo 21, apartado C, numeral siete de la Constitución Política de la Ciudad de México, el cual propone que la plusvalía sea considerada como riqueza de la ciudad.
En su lugar, solicitó integrar lo dispuesto en el Artículo 122, apartado A, fracción Quinta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Tercero Transitorio de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.
“En aras de que se eviten interpretaciones y confusiones, sugiero a los constituyentes tomen esto en consideración y tomen en cuenta estos artículos y que no haya ninguna sombra de duda de que jamás ha existido la intención de crear un nuevo impuesto o de cobrar un nuevo impuesto a los habitantes de la Ciudad de México”, sostuvo en conferencia de prensa.
Por la mañana el mandatario capitalino habló sobre los detractores del proyecto constitucional que, dijo, buscan confundir a la población con hechos inexistentes.
“No tengan ninguna duda que habrá quien quiera deformarla (la Constituciòn de la Ciudad de México) y habrá quien quiera malinformar y tergiversar conceptos, pero ahí están, los constituyentes son los que están aclarando y los que están diciendo exactamente de qué se trata”.
Agregó que la ciudadanía puede estar tranquila porque no existe nada que pueda atentar contra la ciudad, al contrario, lo que se busca es consolidar su futuro y desarrollo.
En la Constituyente
De acuerdo con un sondeo realizado por este diario, así votarían los constituyentes de la Comisión de Desarrollo Sostenible el Artículo 21, donde hasta ahora se prevé la captación de plusvalía:
A FAVOR: 6
- Enrique Provencio Durazo, PRD; Cecilia Soto, PRD; Ifigenia Martínez, PRD; Manuel Oropeza Morales, PRD; Ismael Figueroa, independiente, y Clara Jusidman, designada por ejecutivo local.
A FAVOR SÓLO SI SE MODIFICA LA REDACCIÓN: 6
- Guadalupe Muñoz Ruíz, PRD; Lilia Rossbach, Morena; Margarita Valdés, Morena; Gabriel Quadri de la Torre, PANAL; Mayela Delgadillo Bárcena, Morena, y René Cervera García, Movimiento Ciudadano.
EN CONTRA: 6
- Claudia Pastor, Designada por Ejecutivo Federal; Fernando Bayardo, PRI; Alejandro Bustos, PRI; Ernesto Cordero, PAN; Federico Döring Casar, PAN; Humberto Lozano López, PRD.
QUE LA INTENCIÓN ERA OTRA
El haber usado el término plusvalía en el artículo 21 del proyecto de Constitución generó tal confusión y la redacción fue tan poco clara que nadie entendió la intención original de los notables: cobrar una única aportación a las constructoras que edifiquen en zonas de la ciudad donde el valor del suelo se elevó como consecuencia de la inversión pública.
En tanto que su idea original no se comprendió, dijeron a
un Diario de circulación nacional media docena de constituyentes de la Comisión de Desarrollo Sostenible, se generó una animadversión contra la propuesta que sólo una corrección en la redacción podría revertir.
Los constituyentes de la Comisión de Desarrollo Sostenible, encabezada por el perredista Enrique Provencio, decidieron eliminar el numeral en el Proyecto de Dictamen que emitieron el sábado pasado.
Después, en su proyecto de Dictamen, dejaron el numeral 9 que plantea: “Los incrementos en el valor del suelo derivados del proceso de urbanización se considerarán parte de la riqueza pública de la ciudad. La ley regulará su aprovechamiento”, que también se refiere al cobro de una aportación a las inmobiliarias, lo que sigue siendo polémico.