Después de críticas y voces que se alzaron cuestionando el arribo de Raúl Cervantes como Procurador General de la República, pues de acuerdo a un transitorio de la Constitución, estaba en la antesala para ocupar prácticamente en automático, por un período de nueve años el puesto de Fiscal General, pero ahora el Presidente Peña, presenta una iniciativa a efecto de modificar el procedimiento y dejar que sea el Senado de la República quienes se encarguen de la correspondiente designación.
Quien ocupe tal cargo tendrá bajo sus hombros una gran responsabilidad y mucho poder, máxime que en la actualidad la descomposición del país y el descrédito de la clase política irremediablemente pasan por esa instancia. Si bien es cierto que actualmente se encuentran tres exgobernadores en la cárcel (Villanueva, Granier y Padres), también lo es que cuando menos una veintena más están severamente cuestionados por actos de corrupción, lo que desde luego, es un reflejo de lo que está ocurriendo.
Es precisamente en ese tenor que se requería un acto encaminado a sanear la vida pública, pues independientemente de los atributos personales de quien actualmente ocupa el cargo de Procurador, su paso partidista y haber ocupado posiciones representando al PRI en altos niveles, ponen en tela de juicio y siembran la duda ante la sociedad cualquier actuación que lleve a cabo por más apegada a derecho que sea, en detrimento de la nueva institución.
El innecesario desgaste ocasionado; primero por el Ejecutivo al proponerlo y, posteriormente del Senado al aprobarlo, sin medir las consecuencias del caso, puso en riesgo la credibilidad de una institución que aún ni siquiera comienza a funcionar. Es obvio que fue producto de un acuerdo político, cuya visión fue estrecha, parcial e injustificada.
Se entiende lo complejo de encontrar personajes impolutos, perfectos y además dispuestos a aceptar la encomienda, ya que prácticamente no existen, no obstante, lo menos que se puede pedir es que guarden su distancia con los partidos políticos, inclusive, adoptar esa circunstancia como un criterio básico y necesario.
Quien resulte como Fiscal General, deberá tener una visión amplia en aras de rescatar, reconstruir y adecuar el estado de derecho; hacer confiable a la institución, modernizarla e implementar una transformación a la altura de quienes claman por una eficaz justicia.
La reforma para cambiar la Procuraduría a Fiscalía, es de alto calado, va junto con el nuevo sistema penal y también con el sistema anticorrupción, por lo tanto, debe observarse bajo una perspectiva integral. Ahora se presenta la oportunidad de enmendar faltas, de corregir el rumbo y de tapar baches.
