Se esfumó el dinero para construir penal; irregularidades en Veracruz

XALAPA, Ver.-A pesar de ser un edificio vetusto en el centro del puerto, se analiza la posibilidad de que el reclusorio Ignacio Allende sea ocupado otra vez, porque los recursos federales que debían ser destinados a construir otro penal no fueron aplicados en ese proyecto.

En su comparecencia ante diputados locales, el secretario de Seguridad Pública estatal, Nabor Nava Holguín, dijo que los fondos federales que serían utilizados en infraestructura penitenciaria y equipo para la policía estatal y municipal no se destinaron a esos fines y ahora la Federación los está requiriendo.

Fueron 148 millones de pesos del Subsidio para la Seguridad de los Municipios (Subsemun), según la Cuenta Pública 2014.

Ante la falta de comprobación, la Auditoría Superior de la Federación interpuso denuncias ante la Procuraduría General de la República.

Además, en el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública fueron desviados 278 millones de pesos. Otro fondo que también “desapareció” fue el que enviaron para la adquisición de brazaletes para menores infractores con medida sancionadora.

El penal Ignacio Allende fue desalojado en enero de 2010, por órdenes del entonces gobernador Fidel Herrera.

Semanas después fue escenario de la película Atrapen al gringo, dirigida y protagonizada por Mel Gibson.

La crítica de los partidos de oposición fue en el sentido de que, sin tener un nuevo edificio, dispuso del inmueble para un escenario fílmico.

Pero ahora podría ser nuevamente ocupado ante las precarias condiciones de los reos, que son llevados al denominado Penalito, que se ubica en la colonia Playa Linda, de la ciudad de Veracruz, a pesar de que sólo es un espacio de arrestos.

Es ahí donde los detenidos deben pasar el término constitucional y luego son enviados a centros penitenciarios del norte, sur o centro de la entidad.

Ayer, dos exfuncionarios que actualmente son diputados locales fueron señalados de haber cometido irregularidades, así como de que derivado de éstas se ha colapsado la capital de Veracruz por las  protestas que han protagonizado organizaciones y empresas ante la falta de pago.

El empresario Fernando Morales acusó al diputado Juan Manuel Del Castillo, exsubsecretario de Egresos, de dejar de autorizar el pago de 84 millones a una compañía  proveedora de alimentos para centros penitenciarios y hospitales veracruzanos.

El pasivo es parte de una deuda de corto plazo que asciende a 45 mil millones. Fernando Morales, el propietario de la empresa de alimentos, acusó que en marzo, Del Castillo canceló el contrato y entregó otro a su padre, sin licitación de por medio.

Por otra parte, el exsecretario de Gobierno, Gerardo Buganza, autorizó la adquisición de predios para construcciones de bien común, pero a sobreprecio, violando la ley, al no corresponderle la autorización de dichas compras, porque sólo es facultad de la Secretaría de Finanzas y Planeación, según el director de Patrimonio del Estado de Veracruz, Luis Bustos,

Ayer, empresarios protestaron y amagaron con incendiar un camión.