El desafortunado nombramiento del nuevo Procurador General de la República recaído en la persona del ex senador Raúl Cervantes, si bien cumple con los requisitos formales de la constitución y, por ende será sin duda el primer Fiscal General de la República, sin embargo, no satisface los motivos que sustentaron esa reforma.
La idea de darle autonomía a la Procuraduría data de hace décadas, pues su dependencia con el Poder Ejecutivo pone en duda su independencia y en entredicho la función persecutoria de los delitos. Así que aprovechando el nuevo sistema penal, se hicieron los ajustes necesarios para la transformación de la Procuraduría General de la República a efecto de convertirla en Fiscalía General de la República, dotándola de autonomía e independencia, con el objeto de adecuarla a la necesaria evolución de la institución.
El proceso de cambio de la Procuraduría a la Fiscalía pasa el perfil que debe tener su titular, comenzando por evitar cualquier compromiso, en particular y especialmente los de carácter político, por ello se estableció el plazo por nueve años en el nombramiento, pues por una parte se le otorga certidumbre, estabilidad e inamovilidad en el cargo; por otra, de no menor importancia, consiste en que ese periodo trasciende a los vaivenes sexenales, lo que pasaron por alto tanto el Ejecutivo como los senadores.
Ahora bien, un hecho consumado es el nombramiento del nuevo Procurador General de la República a propuesta del titular de Poder Ejecutivo y aprobado por sus compañeros en el Senado de la República, quienes en breve -seguramente- , harán la correspondiente declaratoria de transformación a Fiscalía General de la República y, por ende, quien ocupe el cargo de Procurador a partir de esa fecha queda en automático como titular de la dependencia por un lapso de nueve años. Así las cosas, el licenciado Raúl Cervantes, tendrá tarea hasta el 2025.
El caso no queda únicamente en ese rango, pues es evidente la cercanía del ex senador con el actual Presidente de la República, sus nexos familiares con funcionarios de alto nivel en la administración pública federal, así como haberse desempeñado como Diputado Federal y Senador postulado por el PRI, a la vez de representar a ese instituto político en diversas instancias electorales patrocinando la defensa en algunos litigios, circunstancias que lo colocan en posibles conflictos de interés, lo que ha ocasionado diversas críticas.
La carga que recibe el nuevo Procurador, tanto por los temas pendientes de resolver como por las críticas recibidas, es de alta complejidad y a la vez una excelente oportunidad para legitimarse a través de su actuar. No obstante, debió tomar distancia de su partido, mandando con ello una señal de independencia e imparcialidad, aunque tarde aún es tiempo, además de comenzar a mostrar tamaños en el ejercicio profesional de la función.
Es difícil dar marcha atrás a actos consumados, provenientes de acuerdos entre bancadas y además con el Ejecutivo, podemos deducir que la moneda de cambio son las fiscalías anticorrupción y electoral, espero en esas posiciones prevalezca mayor pulcritud.
