A raíz de los embates de la delincuencia organizada y la poca capacidad de las instituciones policiales para combatirla amén de encontrarse infiltradas por el crimen, se decidió sacar de sus cuarteles a las fuerzas armadas, con el objeto de coadyuvar en las tareas de seguridad pública, principalmente en el combate a los carteles que se estaban apoderando de las plazas con lujo de violencia, alterando la tranquilidad, armonía y paz social.
Así, desde hace más de una década tanto el Ejército Nacional como la Marina Armada de México, han venido desarrollando labores en materia de seguridad pública en el país, especialmente en el ámbito del combate al crimen organizado, acciones que han realizado con efectividad, destacando el valor demostrado en el desempeño de la encomienda.
Es motivo de reconocimiento el patriotismo acreditado por quienes integran y dirigen las fuerzas armadas, que han prestado un servicio insustituible a la nación y a los mexicanos, no obstante encontrarse sujetos a permanentes presiones, han cumplido con decoro, profesionalismo y lealtad su misión.
Sin embargo, el poder legislativo federal se encuentra en falta con nuestras fuerzas armadas, pues las precarias condiciones legales que otorgan sustento para el desarrollo de esas actividades, son insuficientes, lo que les impide mayor eficacia, mejor coordinación y les ocasiona un innecesario desgaste.
En efecto, desde hace tiempo que se requiere una adecuación a fondo de la Ley de Seguridad Nacional, mediante la cual se actualicen los conceptos, las definiciones, características, criterios y formas de coordinación entre las fuerzas armadas, la federación, entidades federativas y municipios, considerando las estructuras y los mandos del Ejército y la Marina como las instituciones encargadas de proteger y mantener la soberanía nacional.
Lo anterior deviene en virtud que el sostén jurídico aplicable para que las fuerzas armadas auxilien a las autoridades civiles con el uso de la fuerza de que disponen, en labores relacionadas directa o indirectamente con la seguridad pública, deriva de una resolución emitida por la H Suprema Corte de Justicia de la Nación en el año de 1996, es decir, hace ya veinte años, además de que se contrae a la interpretación de una disposición de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Por otra parte, las últimas reformas a la Ley de Seguridad Nacional, datan del año 2005, en las que se hicieron algunos ajustes que nada tienen que ver con el asunto que nos ocupa.
En consecuencia, es fundamental dotar a las fuerzas armadas de un marco jurídico acorde a su alta investidura y que les otorgue completa certidumbre legal en las labores que desarrollan, toda vez que las vigentes no llegan a colmar los extremos, en tanto que en su momento no existían las condiciones actuales, sin embargo, ello es motivo suficiente y además una exigencia necesaria para que los legisladores den adecuada respuesta a las instituciones armadas del país.
