Tras el asesinato del juez Vicente Bermúdez, la opinión pública nacional aceptaría juicios con jueces “sin rostro”. El derecho de todo acusado a saber siempre quién es el juez que lleva su caso no es compartido plenamente por un sector relevante de la población. Se teme que después de este atentado, la actitud de los jueces a la hora de juzgar a miembros del crimen organizado se vuelva menos estricta, como se observa en la última encuesta telefónica nacional BGC-Excélsior.
La instauración de juicios con jueces “sin rostro” para casos de miembros importantes del crimen organizado es ampliamente aprobada por la población. 78% está de acuerdo con que se pusiera en práctica ese tipo de procesos con juzgadores secretos, pues se piensa esencialmente que así se les protegería contra atentados y se evitarían presiones y represalias en su contra. Sólo 17% desaprueba esa medida en razón, principalmente, de que los acusados tienen derecho a saber quién los juzga.
No existe consenso amplio sobre si los acusados deben tener derecho o no a conocer la identidad del juez que lleva su caso. Para 42% los procesados deben contar siempre con ese derecho, pero para una proporción algo menor (32%) esa prerrogativa deben tenerla según el caso. Para 23%, los incriminados no deben gozar de ese derecho.
Ahora bien, aunque se sabe que el juez Bermúdez no llevaba protección al momento de ser asesinado (70%), no existe una extendida percepción de que los jueces que llevan procesos de miembros del crimen estén muy indefensos ante un posible atentado. Un tercio piensa que están más o menos protegidos y otra proporción igual estima que están muy protegidos, aunque en promedio no como el Presidente de la República, el procurador general de la República o los diputados.
Tampoco prevalece una percepción de alta recurrencia de atentados a jueces. Varía la percepción sobre la incidencia de asesinatos de estos impartidores de justicia, pero se concentra entre quienes creen que son más o menos frecuentes (38%) y quienes estiman que ocurren poco (36%). Las opiniones están aún más divididas sobre la frecuencia con la que se atenta contra juzgadores en procesos contra miembros del crimen organizado (muy frecuentes, 24%, más o menos frecuentes 38%, poco frecuentes 26%).
La importancia de la protección a los jueces está ligada a la necesidad de garantizar imparcialidad en los juicios y castigo a los delincuentes, en particular los vinculados con bandas criminales. Como causa probable del asesinato del juez Bermúdez espontáneamente se menciona sobre todo que es una represalia del crimen organizado y se piensa que entre las consecuencias más graves de este suceso estará la renuencia de jueces a aceptar casos de gente de bandas criminales. Se prevé que la actitud de los jueces encargados de casos riesgosos para ellos se va a volver más blanda a la hora de juzgarlos (55%).