Con la promesa de analizar una posible legislación sobre uso de la fuerza pública y contra la tortura y la desaparición forzada, México aceptó parcialmente recomendaciones hechas por el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, ya que el país rechazó modificar su Código de Justicia Militar.
El país, que se encuentra enfrascado en una guerra contra el narcotráfico desde 2006, ha despertado críticas entre organizaciones internacionales por las numerosas denuncias de abusos contra sus fuerzas del orden.
En octubre de 2015, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad al Hussein, visitó México, seis meses después de que el Gobierno negara lo dicho por un experto de Naciones Unidas quien sostuvo que la tortura es una práctica “generalizada” entre las autoridades del país.
En marzo, Al Hussein envió a México una lista de 14 recomendaciones, entre las que figuran reformar el Código de Justicia Militar para que las autoridades civiles, además de que “deberían cumplir plenamente con su deber” de investigar abusos por parte de las fuerzas armadas, también conozcan las violaciones de derechos humanos contra los militares.
El Gobierno mexicano respondió que “no es factible considerar mayores modificaciones” a la reforma de 2014, que estableció que las violaciones contra civiles cometidas por soldados deberán ser juzgadas por tribunales ordinarios y no militares.
México argumentó que las autoridades civiles cuentan con un marco jurídico “suficiente y reforzado” y que “cualquier afectación” a los derechos humanos contra militares puede ser revisada ante tribunales ordinarios a través de un recurso.
Entre los casos que han despertado más indignación está la desaparición de los 43 normalistas en Iguala, Guerrero; y los de Tlatlaya y Tanhuato, en los que se han denunciado ejecuciones extrajudiciales por parte de militares y policías federales.