El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) presentó ante la PGR y la Contraloría Interna de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, denuncias de hechos ante probables conductas ilícitas cometidas por servidores públicos, derivadas de la filtración del video del atentado cometido en contra del juez federal Vicente Antonio Bermúdez Zacarías.
Para el órgano de control y disciplina del Poder Judicial de la Federación, la divulgación de esos elementos probatorios infringe la reserva de las investigaciones iniciadas por el asesinato de Bermúdez Zacarías y, en consecuencia, dar lugar a la comisión de conductas ilícitas por parte de servidores públicos que tienen bajo su responsabilidad la custodia de las carpetas de investigación, las cuales por ley deben ser reservadas.
Por ello, el cuerpo colegiado, encabezado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar, solicitó que se inicien las investigaciones para esclarecer tanto el origen de las filtraciones, como la identidad de los probables responsables.
“Los consejeros de la Judicatura Federal reiteran su condena por estas reiteradas filtraciones, porque no sólo infringen la reserva de las indagatorias sino que pudieran comprometer la eficacia de las mismas, además de que se afectan los derechos humanos de intimidad de la viuda y sus menores hijos”, se señaló.
Al igual que lo hizo el presidente de la Corte el pasado miércoles, el CJF refrendó su enérgica demanda de esclarecimiento del homicidio del juzgador, “porque saber el origen del mismo, venga de donde venga, es esencial para la justicia”.
Apenas el 17 de octubre, el Consejo de la Judicatura Federal condenó la filtración del video del homicidio del juzgador federal Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, porque infringe la obligada reserva legal de la investigación, compromete la eficacia de la misma y afecta los derechos de las víctimas, en este caso, su familia.
Consideró que recurrir a la filtración de una prueba tan importante como ésta, revela un interés distinto y repudiable al de preservar un elemento valioso que permita la oportuna detención de los probables responsables del asesinato.
Niegan acusaciones
Luego de que se filtraron las imágenes registradas a través de una cámara de vigilancia sobre el homicidio del juez quinto de distrito en materia de Amparo y Juicios Civiles, Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, personal de la Comisión de Seguridad Pública del Estado de México y del ayuntamiento de Metepec, donde ocurrieron los hechos, negaron haber sido los responsables de repartirlas.
Personal de la dependencia policiaca estatal negó que el material haya salido de las cámaras de vigilancia que tienen a su cargo y monitorean, a través del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad, denominado C5, que se encuentra en Toluca.
Además se detalló que las mismas podrían haber sido proporcionadas por algún particular, ya que el aparato que captó el hecho pertenece a un inmueble de la colonia Agrícola Buena Vista, y no al estado, por lo que no se iniciará algún tipo de investigación al interior de la Comisión estatal.
La propia Procuraduría de Justicia del Estado de México rechazó desde el lunes, haber difundido las imágenes y añadió que el video con las imágenes originales se encontraba integrado en la carpeta de investigación que se inició por los hechos, mismo que se entregó a la PGR cuando atrajo las indagatorias.
El alcalde de Metepec, David López, negó que el material pertenezca a una cámara de vigilancia del municipio.
“Grave que se atente contra Poder Judicial”
El ombudsman nacional dijo que es necesario dar todo tipo de seguridad a los impartidores de justicia relacionados con casos sensibles.
“El mensaje de privar de la vida a un juez es preocupante” alertó el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, tras condenar el asesinato del juez federal Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, ocurrido el lunes en Metepec, Estado de México.
Entrevistado por Pascal Beltrán del Río para Imagen, el ombudsman nacional dijo que es grave que se atente contra los integrantes del Poder Judicial, al considerar que esto busca intimidar el derecho al acceso a la justicia. Agregó que al tratarse de un juzgador, este tipo de actos también afectan a la sociedad, pues interviene directamente en el tema de la administración de justicia.
González Pérez dijo que es necesario brindar todo tipo de seguridad a los impartidores de justicia relacionados con casos sensibles que pongan en riesgo su integridad.
Lo más importante para avanzar en el tema de la seguridad y en particular en este caso, dijo, es que no haya impunidad y por lo que “se debe investigar a cabalidad quién cometió el homicidio para que se le juzgue y sancione con el máximo rigor de la ley”.
Respecto a la denuncia interpuesta por el Consejo de la Judicatura Federal por la difusión del video que muestra el momento en el que el juez es asesinado, el presidente de la CNDH consideró que si alguna autoridad está involucrada en la divulgación de esta información está cometiendo un delito.
Consideró que si se descubre que el crimen organizado estuvo detrás del homicidio será necesario estudiar qué medidas de protección deben tener los juzgadores para protegerlos y para que su labor sea imparcial y objetiva.
En ese sentido, dijo que cualquier medida que se tome para resguardar la seguridad de los integrantes del Poder Judicial, incluyendo la de “los jueces sin rostro”, debe ser con respeto a los Derechos Humanos.
El ombudsman señaló que dicha figura de protección ha sido criticada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al considerar que contiene aspectos que podrían afectar el debido proceso, por ello, dijo, él solo propone su evaluación.
“Tengo confianza en que se debe de resolver (el caso) porque México requiere recobrar la confianza en sus instituciones de procuración de justicia… y confío en que éste sea el ejemplo de que México sí puede combatir la impunidad”, afirmó el presidente de la CNDH.
Al referirse al debate de que los organismos de protección a los derechos humanos procuran más a los delincuentes que a las víctimas, dijo que “el binomio seguridad-derechos humanos, es posible”.
Casos del narco
- Vicente Bermúdez, de 37 años, llevó varios casos relacionados con los cárteles del narcotráfico en México. El magistrado suspendió en febrero pasado la extradición de Joaquín El Chapo Guzmán a Estados Unidos y ordenó el arresto de Abigael González Valencia, presunto líder del cártel Jalisco Nueva Generación.
- También llevó el expediente del líder del cártel de Los Zetas, Ángel Treviño Morales, El Z-40, considerado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos como uno de los capos del narcotráfico. A pesar de atender estos casos, no contaba con protección oficial.
Jueces sin rostro, no son solución
Antes de pensar en la figura de “jueces sin rostro”, se deben buscar otras medidas de protección y reconocimiento a los impartidores de justicia que están cumpliendo con su trabajo, afirmó Edna Jaime directora general de la organización México Evalúa.
“Creo que tendríamos que pensar en otras soluciones antes de hacer ese planteamiento, creo que lo más importante es que la sociedad premie a los jueces valientes, que le demos un reconocimiento a los jueces que están dispuestos a hacer su trabajo.
Jaime fue entrevistada luego de la presentación del estudio ¿Cómo se hace justicia en el Estado de México?
“Si logramos que nuestro aparato de justicia empiece a procesarlos, el que tengamos jueces que sean incorruptibles, entonces estaremos dando un paso importantísimo”, dijo la directora de México Evalúa.
La activista en materia de transparencia y justicia afirmó que el Estado debe atender de manera inmediata el asesinato del juez Bermúdez Zacarías, para no dar una muestra de que puede ser rebasado por los grupos criminales.