Cómo va a saber el gobernador y el alcalde la sensación de inseguridad y miedo que viven los potosinos de a pie, cuando ellos andan resguardados por escoltas. Además casi todos sus funcionarios traen policías que deberían estar protegiendo a la población, advirtió el licenciado Jalil Chalita Zarur, secretario de Vinculación del Comité Directivo Estatal del PAN.
En entrevista, señaló que la realidad de la inseguridad en San Luis Potosí no solo tiene explicación en erráticas políticas del Gobierno, su discurso blando, la impunidad y el colapso del sistema penitenciario, sino que está asociada al déficit de elementos policiacos que vigilen y protejan a la ciudadanía.
“Es inmoral que la esposa del ex gobernador Fernando Toranzo y sus hijos tengan asignados a varios escoltas, que el gabinete encabezado por el gobernador Juan Manuel Carreras y el del alcalde Ricardo Gallardo cuenten con vigilancia personalizada, mientras las personas de todos los niveles sufre los embates de la delincuencia organizada”, sentenció.
El gobernador del estado y su esposa concentran a su servicio 65 escoltas según la lista de los 864 elementos de la Dirección General de Seguridad Pública del Estado, comisionados a tareas de seguridad personal de funcionarios, vigilancia de oficinas, apoyo a inspectores de alcoholes, monitoreo de cámaras y atención telefónica.
Datos de la Dirección de Seguridad Pública Estatal confirman que 864 elementos, es decir más del 40% del personal, son asignados a funciones como choferes, mensajeros, oficinistas y hasta de niñeros de los hijos de los funcionarios.mientras que solamente 1,200 policías vigilan el estado.
“Es ilógico que mientras los potosinos viven un clima de terror por los múltiples asesinatos (tan sólo la semana pasada cada 12 horas una persona fue ejecutada de manera violenta), asaltos a casas habitaciones, extorsiones y robos a mano armada de vehículos, 864 policías estatales se dediquen a cuidar a unos cuantos”.
“Ha sido costumbre que los gobernantes distraigan de sus labores de seguridad pública a elementos policíacos para que protejan a funcionarios, a algunos diputados locales y sus familias, cuyos sueldos son cubiertos con nuestros impuestos, mientras la población en general se encuentra despro-tegida”.
