En un marco donde los partidos se desentienden de su responsabilidad de fiscalización y control político a los gobernantes y diputados surgidos de sus filas, no es de rechazar la aplicación de sanciones al menos por la dirigencia nacional del PRI quien, al parecer hará del ataque a la corrupción su proncopal bandera con miras al 2018.
Algo en que las cúpulas de la oposición a este partido, en especial el PAN y el PRD, se mantienen ociosas no tanto por la patética desmitificación de Enrique Ochoa Reza y su umniral “liquidación” de la CFE, sino para ocultar su propia indolencia o complicidad ante una horda de funcionaros que bien harían sus propias versiones de “Cuevas Azules oy Amarillas, de Alí Babá y sus ladrones”.
Afortunadamente en el tricolor ¡por fin! se han dado cuenta de que varios de sus gobernadores han estado inmerso en una vorágine de escándalos de corrupción ¡desde el inicio de sus gobierno, hace más de seis años.
Qué bueno que en el PRI ha empezado a funcionar, así sea tarde y con tortuguismo, para nuestro gusto porque en ese marco, la creación del Sistemas Estatal Anticorrupción, SEA, reaviva nuestras esperanzas de llevar a la cárcel a quienes nos han saqueado o que, al menos, reparen el daño que en sus ejercicios, hicieron al erario público.
QUE SEA EFICAZ
Al parecer ahora el mayor esfuerzo será al nivel de los municipios a fin de que respondan a este nuevo marco jurídico, pues es un rediseño profundo de la administración pública que permitirá recobrar la confianza de la sociedad en sus autoridades.
El SEA contará con herramientas sancionadoras eficientes e instituciones más trasparentes y cercanas a la ciudadanía lo cual, es de la más alta prioridad para mejorar desempeños gubernamentales y así dar respuesta a las demandas ciudadanas de acabar la impunidad y que, los que parten y reparten para quedarse con la mayor parte vía bonos, compensaciones o simples “obsequios”, vayan a la cárcel. Crearlo solo como un adorno decepcionaría más.
No obstante, es de reconocerse el trabajo del mandatario potosino por los avances en esta iniciativa para dar prioridad a la creación del SEA, nos dará más gusto y satisfacción que opere con legalidad, al margen de “cochupos”, sin tintes partidistas y sólo en función de los intereses de todos los potosinos Así, ¡Ni hablar! ¿No cree usted?
RETO LEGISLATIVO
Si la tirada es limpiar su imagen y recuperar la credibilidad ante la sociedad a la que representan, los miembros de la LXI Legislatura deberán cumplirnos promesas como la de desprenderse del fuero sin artificios o pretextos que soterradamente los sigan arropando en la impunidad.
Y es que el último escándalo del perredista Desfassioux, puso limón en la herida de todos los desmanes y abusos atribuidos particularmente a la llamada bancada brinca, de la que por cierto ya casi nadie habla.
Parece que se “murió” con la desgallardizada de Romero Calzada a la barda del panteón del Saucito y la gallardizada a su casa de enlace, de parte del Chiquilín.
Por lo pronto, en BP dudamos aun que los diputados recibieran ésta quincena su dieta con 25 mil pesos menos que la anterior. A todos los que les solicitamos sus recibos, dijeron no traerlos en esos momentos.
De igual forma, en lo del fuero, esperamos que no reculen este viernes, cuando la Comisión de Puntos Constitucionales elabore el dictamen sobre esta iniciativa que desde Mayo tenían olvidada.
Hace algunos años, en la LXI Legislatura federal, hoy estamos en la LXIII, hubo un escándalo nacional al publicarse en Medios de la hoy CDMX las “chaineadas”que se dio, con cargo a su seguro de gastos médicos mayores, la panista Beatriz Eugenia García, mejor conocida como “Batiquena”.
En el trienio de Victoria Labastida se divulgaron varias cirugías cosméticas a funcionarios y secretarias cercanas a los afectos de la ahora ex alcaldesa.
¿LIPO SUBSIDIADA?
Hubo versiones de que les harían devolver los montos de dichas intervenciones pero nunca lo llevaron a cabo. Corría el rumor de que la priísta era protegida del entonces Procurador General de la República y el asunto se fue al cajón de los olvidos.
Sin embargó el mal ejemplo cunde y en la de Mario García Valdez se volvió a manejar el tema justo antes del fin de su periodo. Aparentemente los abusones sí fueron obligados a reintegrar esas cantidades.
Ahora es en Villa de Reyes, donde un campesino salió a la palestra para acusar a la regidora panista María Elena García Díaz, de haberse costeado una liposucción con recursos del Ayuntamiento aportados por el tesorero, Arturo Bermúdez, que también es del PAN.
Efectivamente, en los papeles mostrados sólo se consagra el pago de 40 mil pesos por una cirugía o atención médica a la regidora panista, lo que tampoco se justifica dado el convenio entre el IMSS y esa Alcaldía, para la prestación de servicios a los miembros del Cabildo mediante un Seguro Facultativo.
Tan simple como hacer que la Regidora costee de su sueldo la dichosa operación, de modo que la denuncia pública sí puede estar tras los roces entre los regidores y el Edil Juan Gabriel Solís, a quien su cabildo acusa de negarse a rendirles cuentas, como manda la Ley. La ASE y el Congreso del Estado tienen la palabra.
