Movilizaciones y democracia

En menos de 15 años, el número de movilizaciones en la Ciudad de México se ha multiplicado por 10. En 2002, hubo 778 marchas, mítines o protestas en la capital del país, mientras que al término de 2015 se contabilizaron 7 mil 420 movilizaciones sociales. En lo que va del año, los capitalinos han presenciado 3 mil 476 marchas.
¿El aumento de movilizaciones en la Ciudad significa que estamos ante una ciudadanía más participativa y por ello contamos con los beneficios de la buena gobernanza?
La buena gobernanza se entiende como el proceso mediante el cual se toman o implementan decisiones en una sociedad participativa, de consenso, con transparencia y rendición de cuentas, efectiva y eficiente, equitativa e inclusiva además de guiarse por la ley.
Según la teoría de movimientos sociales, la existencia de espacios participativos es necesaria para atraer la atención del gobierno ante una necesidad social o profundizar la interacción entre el gobierno e individuos, por lo tanto, las movilizaciones juegan un papel esencial en la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos. Sin embargo, ante tal incremento de marchas ¿puede el gobierno discernir e identificar las demandas que más aquejan a nuestra sociedad?
Por otro lado, las movilizaciones deberían resultar en la implementación de nuevas políticas, aunque muy raramente sucede. Tomemos el caso de la reforma educativa, para que el gobierno le diera importancia a las movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) fue necesario que el bloqueo de las principales vialidades de Oaxaca durara más de cuatro meses, y más bien pareciera que fue la presión de los grupos empresariales de ese estado y otros lugares ante los nocivos efectos del bloqueo, además de la pérdida de vidas durante los movimientos, lo que motivó al gobierno a entablar diálogo con los maestros para buscar una solución.
Eso nos lleva a otra cuestión, los grupos con capacidad de movilizar a grandes contingentes de personas, no necesariamente buscarán intereses que reflejen el bien común. Por ejemplo, el movimiento de marchas por la familia no está abogando por los derechos de todas las personas, manifiestan el arquetipo de lo que debería ser una familia ideal ligado a una religión.
Finalmente, dentro de una marcha es bastante difícil entablar un debate serio sobre los pros y contras de una ley o política pública. En general lo que se encuentra son consignas y frases que no necesariamente fomentan el debate público sobre el tema.
Las movilizaciones definitivamente visibilizan problemas sociales, sin embargo, se hacen necesarios mayores espacios formales para la participación ciudadana. Mientras que las movilizaciones son mecanismos informales, la consulta ciudadana, incluida en la constitución en 2012, es un mecanismo formal al estar considerado y regulado por la ley.
Algunos dirán que la consulta ciudadana fue incluida con el objetivo de fomentar una mayor partición ciudadana en la toma de decisiones, sin embargo, este ejercicio ha resultado ineficaz en dos sentidos: primero, la necesidad de presentar un gran número de firmas apoyando la petición en cuestión no puede ser superada por cualquier individuo, se necesita de una estructura como la de un partido político —quienes han impulsado la mayoría de las consultas—; y los temas que se pueden abordar son acotados al no poder involucrar los ingresos públicos, seguridad nacional, y aquellos relacionados con derechos humanos.
Como sociedad debemos generar espacios alternativos más eficaces de participación, que permitan la discusión de los temas públicos, sin la alteración del espacio vial de nuestra conflictiva capital u otras ciudades o de las actividades de otros ciudadanos.
Más allá de la austeridad
E l proyecto de presupuesto de egresos que el gobierno actual presentó para el ejercicio fiscal 2017 por 4 billones 763 mil 874 millones de pesos, es menor en 1.6 por ciento respecto al año anterior. Los efectos del menor gasto sobre el desempeño de la economía son poco alentadores para el grueso de la población, sin embargo, la austeridad no debería ser la única preocupación de este ejercicio presupuestal. A continuación, se presentan cuatro problemas que, de no resolverse, seguirán obstaculizando el uso eficiente del gasto público.
Manejo discrecional del presupuesto. El año pasado se anunciaron dos reducciones al presupuesto por 221 mil 300 millones de pesos, pero si analizamos la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2015 podemos ver que el presupuesto ejercido para dicho año fue mayor en 184 mil 166 millones de pesos.

, es decir 5 por ciento por arriba de lo aprobado por la Cámara de Diputados.
Los últimos doce años ésta ha sido la regularidad, mayores gastos que lo aprobado por el Poder Legislativo. Una de las explicaciones es que se recibieron mayores ingresos y que éstos fueron destinados a cubrir presiones ineludibles, sin embargo, los datos presentan recortes a áreas prioritarias del gasto como educación y salud, mientras que la función gobierno ejerció un 18 por ciento adicional a lo presupuestado en el 2015.
Presupuesto regresivo.
El presupuesto total asignado a los programas presupuestarios de la Secretaría de Salud se contrae en 12.6 por ciento. Como un ejemplo del gasto que no combate la desigualdad, los recursos per cápita del gobierno federal para programas como el Seguro Popular son menores que el gasto que deben desembolsar los usuarios para obtener el servicio. Por otro lado, el gasto por estudiante también se ve reducido en todos los niveles educativos.
Tanto el rubro salud como educación forman parte indispensable de la política social, y son rubros donde las personas con menores ingresos necesitan de una mayor contribución del gobierno para entrar en un círculo virtuoso de desarrollo.
Gasto social politizado. El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) reportó que en 2015 el 61 por ciento del gasto se concentraba en 21 programas gubernamentales, mientras que 729 programas representaban la proporción restante y que bien podían desaparecer. El tema central es que a mayor número de programas, menor es el control que se puede realizar a cada uno de ellos y por ende mayor la probabilidad de que los programas sean utilizados con fines electorales. La dispersión de programas no sólo es un problema del gobierno federal sino también de los gobiernos estatales y municipales. Si existiera una política coordinada entre los tres ámbitos y se concentraran recursos para utilizarse en programas con impacto positivo probado, menos recursos serían necesarios.
Presupuesto sin prioridades. Si la política social es uno de los pilares fundamentales para la política económica de este gobierno ¿por qué el gasto destinado a subsidios se reduce en 18.8 por ciento? Se dice que se deberá privilegiar a la inversión productiva ante la administrativa, sin embargo, la inversión física se reduce en 30.7 por ciento respecto a 2016. Los ramos más afectados dentro del gobierno federal son Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (-29 por ciento), Comunicaciones y Transportes (-28 por ciento), Economía (-37 por ciento), Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (-40 por ciento), mientras que la Secretaria de la Función Pública y Presidencia sólo se ven reducidas en un 8 por ciento. De nuevo el discurso sobre los objetivos del gobierno dista de la implementación de la política, en este caso a través del presupuesto proyectado para el siguiente año.