Ayotzinapa: Evaluar las instituciones

Hace dos años México retrocedió gravemente en su desarrollo democrático. La dramática desaparición forzada de 43 jóvenes estudiantes en condiciones aún no aclaradas, activó un mecanismo analítico en el conjunto de la sociedad que se pregunta sobre el sentido y el rumbo adoptado por nuestro proceso de transformaciones políticas.
Emergen los siguientes interrogantes: ¿Vamos en la dirección correcta?, ¿el desempeño institucional es el adecuado? Y si no, ¿cuál es el que necesitamos? México es grande y merece lo mejor, y por lo tanto, otra pregunta: ¿éstos son los únicos posibles resultados que trajo nuestra transición política?
Sobre la desaparición forzada de los normalistas existen distintas hipótesis, lo único cierto es que la impunidad prevalece. La impunidad representa un crimen sin castigo, es una excepción de condena y una forma de escapar de la justicia. Cuando la impunidad reina soberana, como en el México de nuestros días, representa una negación a las víctimas a la reparación del daño e indica una situación de ausencia del estado de derecho.
Es un componente de la corrupción política, es decir, del proceder institucional donde prevalece el punto de vista y el interés particular del grupo que gobierna por encima de cualquier otra consideración.
Los decenios de lucha en nuestro país por construir un sistema democrático, eficaz, eficiente y con capacidad para responder a las aspiraciones de la población —que es la definición mínima de la democracia—, aún no se concretan. El politólogo español, Juan Linz, estudioso de las causas que motivan la caída de los regímenes democráticos, ubicó en la relación eficacia-eficiencia-legitimidad una de las principales causas en el retroceso de los sistemas políticos hacia el autoritarismo.
Con ello venía a recordar que los procesos de democratización no son siempre etapas de un desarrollo político ascendente, sino que la evidencia empírica mostraba sistemas que, habiendo alcanzado algún grado de democratización, habían entrado en crisis política, justamente por su ineficacia institucional.
Consideraba a la eficacia como la capacidad de un régimen para encontrar soluciones razonablemente satisfactorias a los problemas básicos con los que se enfrentan todos los sistemas políticos, pero que cobran relevancia en determinados momentos históricos. La eficacia no es juzgada por actos en el corto plazo, sino por la suma de las decisiones adoptadas a lo largo de un período. La efectividad, por su parte, representa la capacidad efectiva para poner en práctica las medidas políticas formuladas y se juzga por los resultados. Linz advierte, además, que la ineficacia afecta a la legitimidad generando un vacío de poder que facilita la caída de una democracia.
La desaparición de los normalistas de Ayotzinapa plantea serios desafíos de legitimidad a nuestro sistema político.
La crítica principal apunta a la actuación de las autoridades. Iniciando con el desordenado proceso de investigaciones llevado a cabo por la PGR que, a 24 meses de distancia, aún sigue dilapidando la confianza y los enormes recursos que los mexicanos ponemos a su disposición. Con una estructura burocrática hipertrofiada, esa institución sigue envuelta en sus propias contradicciones, violentando el elemental derecho humano a la información verídica que exigimos todos los mexicanos.
Política laica
El proceso de transformaciones de nuestro país se encuentra a la deriva, sin rumbo fijo ni dirección. Además, no se ha producido una cultura de la convivencia civil que permita enfrentar democráticamente, con la participación ciudadana, los desafíos que surgen amenazantes en el horizonte.
El drástico recorte presupuestal que se plantea para el 2017 —equivalente al 1.2% del Producto Interno Bruto— afectará rubros estratégicos del desarrollo nacional y producirá nuevas tensiones sociales y políticas. La depreciación del peso, la turbulencia en los mercados financieros y el desplome de los precios del petróleo, han creado una inestabilidad económica a la que se agrega una frágil institucionalidad y un creciente malestar social. Frente a los escenarios que se abren, existe una desorientación generalizada sobre nuestro futuro más probable, en el marco de la sucesión presidencial del 2018 que ya inició.
Como enseña la teoría de la elección racional, cuando los recursos son escasos la lucha por su distribución se incrementa. En situaciones de conflicto, los individuos adoptan un comportamiento estratégicamente racional, creando una interdependencia entre las medidas adoptadas y las consecuencias esperadas, es decir, entre el sufragio emitido y las políticas públicas instrumentadas.
La ciencia política afirma que para fortalecer la democracia en contextos de crisis, es necesario impulsar juegos cooperativos caracterizados por acuerdos entre actores relevantes que pueden hacerse valer y ser efectivamente vinculantes. No obstante, para consolidar esta cooperación se requiere del cemento social derivado de una política laica.
La palabra crisis es la expresión de un estado de ánimo nacional, que plantea el desafío de promover una cultura ciudadana que brinde sustento al proceso democratizador. La política laica a la que se hace referencia contrasta con una visión teológica de la política.
El enemigo del laicismo es aquella actitud que en la definición de las cuestiones de interés para el país, representa el espíritu de la intransigencia dogmática sobre los problemas que afectan a la colectividad, continuamente postergados y muchas veces dejados sin solución. Creando de esta manera, las condiciones para el desarrollo de una posición política que afirma: “tanto peor para mi enemigo, tanto mejor para mi postura”. Este enfoque ha hecho mucho daño al país.
La consecuencia del espíritu teológico sobre la política es que todos luchan por sus propios intereses cobijándose en la bandera de los principios democráticos. Una política laica no solamente significa Estado no confesional, sino que también es, por definición, anti-dogmática y anti-ideológica, y se orienta a la solución de los problemas concretos de los ciudadanos. Pero la pregunta obligada es:
¿En México quién es el verdadero intérprete del espíritu laico de la democratización? Se dice que falta un partido realmente democrático en nuestro país, pero esto es verdad sólo en el sentido de que todos los partidos declarándose democráticos, han logrado que no se sepa más cuál es, y dónde se encuentra, la verdadera democracia. El laicismo que reclama nuestra transición política debe nutrirse de actitud crítica, de realismo y de un positivismo constructivo. Su tarea es, sobre todo, revelar la alianza entre la concepción teológica y el ánimo mercantil de la política.