Tal y como se ven las cosas, la Secretaría de Comunicaciones y Transporte Estatal no pretende velar ni hacer cumplir la Ley, en su caso, la del transporte público, para con las operaciones de la empresa Uber, y sólo por eso su titular debiera ser relevado del cargo.
Cuando Juan Ramiro Robledo López, un joven enjundioso y muy prometedor, que se quedó en eso porque la apatía o exceso de tolerancia que ha mostrado ante las operaciones de UBER, dejan claro que el puesto le quedó grande; rindió protesta en el cargo, como todos, juró “cumplir y hacer cumplir la Ley y si no, que el pueblo me lo demande”. Obvio, no está cumpliendo, que se vaya.
Porque sea como sea, según la Ley del Transporte Público para el Estado de SLP, las operaciones de UBER en cash son ilegales, equivalen a taxismo pirata y la SCT tiene la obligación de ordenar a la fuerza pública requisar esos vehículos, sean de quien sean.
Sin ser amantes del uso y abuso de la fuerza pública, una medida más inteligente hubiera sido dialogar con la empresa, lograr que retiraran sus unidades y esperaran a que el Congreso haga reformas a la Ley Estatal del Transporte Público que faculten sus operaciones.
Por cierto que la leyenda urbana en torno a UBER da por hecho la participación de funcionarios estatales de primer nivel y de políticos, incluso relacionados con la más socorrida marca de autos de alquiler, como socios fundadores de la empresa.
RIESGOS MAYORES
Aseguran que, por supuesto, no son ellos quienes manejan sino que contrataron choferes a los que no sólo explotan laboralmente sino que les piden una renta mayor que los concesionarios oficiales y además los exponen a los ataques de un sector del taxismo que se siente agraviado por este tipo de tolerada “competencia desleal” pues los “dueños” sólo quieren posicionarse en el mercado.
“Tenemos que pagarles (a los dueños de UBER) 500 pesos diarios, contra los 300 que piden los dueños de placas de los verdes, usar nuestro propio carro y además, estar al menos 10 por ciento abajo de las tarifas del taxímetro, lo que nos obliga a “ruletear” cuando no nos asignan viajes”, nos dice un entrevistado.
En ese marco, el Procurador Federico Garza Herrera responde a la pñresión mediática protagonizando la paradoja “legal”de defender delincuentes, ( UBER) y perseguir a quienes solo defendieron su derechos (taxistas) ante las omisiones de la SCT que permiten el pirataje. ¡Qué nos pasa?
El problema es que de seguir así, las cosas aún pueden pasar a mayores y derivar hasta en hechos de sangre que no nos merecemos y todavía pueden evitarse. La sociedad potosina no tiene el horno como para esos bollos. ¿No cree usted?
KNOK OUT A FAZ MORA
Martín Faz Mora no tenía ninguna necesidad de anticiparse y filtrar a varios Medios el proceso interno del Ceepac contra el edil capitalino, Ricardo Gallardo Juárez por “campaña anticipada”, presumida por el uso y abuso de las palabras “Gallardía” y “Pollitos”, así como el color amarillo en su propaganda institucional.
Sus filtraciones ahora arriesgan la posibilidad de que en efecto halla sanciones para el presidente municipal Ricardo Gallardo Juárez pues aunque el proselitismo era obvio, con su proceder deja clara su imparcialidad y aversión al primer edil perredista de nuestra capital y sólo por eso también debiera irse del Ceepac.
No sólo porque el Edil lo exija sino porque de lo que expresa en ese audio se desprende falta de institucionalidad y de probidad, características necesarias para cualquier consejero electoral.
Pero antes debe explicar a qué se refiere cuando habla de intimidaciones y de que, de la Consejera Presidenta para abajo, “tienen miedo a Gallardo y ya surtió efecto”.
Según el “posicionamiento” que dio a conocer ayer, “el audio reproduce de manera sesgada y editada algunos fragmentos de una conversación privada cuya obtención y difusión son ilegales e indebidaa”,
O sea, que si lo dijo pero en otro contexto que “manipularon con perversidad para perjudicar mi trabajo y el del Ceepac”. Entonces…¿A qué hora se va?
AUTOPORRAS
Y no sin antes consignar que este lunes, al presentar el Informe de Actividades Legislativas del Primer Año de Ejercicio Legal de la LXI Legislatura, y ante la presencia del gobernador Juan Manuel Carreras López y el magistrado Luis Fernando Gerardo González, representantes de los Poderes Ejecutivo y Judicial, respectivamente, Josefina Salazar Báez dijo que los resultados presentados demuestran que es posible construir acuerdos a favor de San Luis Potosí. Entre las incontables linduras que dijo del quehacer legislativo, resaltó que en la LXI Legislatura eligieron la concertación y no de la confrontación para que sin distingos partidistas y con altura de miras se sumen y logren sus propios objetivos con buenas decisiones a favor de SLP. Sin embargo a la sociedad potosina le salen debiendo en seriedad y ambición pues sus sesiones dejan mucho que desear y sus salarios, son un insulto especialmente para los trabajadores que de ninguna manera pueden competir con ellos. Menos ruido y más nueces, dirían por ahí, y aquí nos leemos el próximo domingo.
