El Código Penal llama “despojo” al delito por el cual alguien se apropia de un bien inmueble. Lo dice de manera más clara en estas líneas del canon. Veamos:
Artículo 237.—Se impondrán de tres meses a cinco años de prisión y de cincuenta a quinientos días multa:
I.—Al que de propia autoridad, por medio de violencia física o moral, el engaño o furtivamente, ocupe un inmueble ajeno, haga uso de el o de un derecho real que no le pertenezca;
II.—Al que de propia autoridad y haciendo uso de cualquiera de los medios indicados en la fracción anterior o furtivamente, ocupe un inmueble de su propiedad, en los casos en que la ley no lo permite por hallarse en poder de otra persona o ejerza actos de dominio que lesionen derechos legítimos del ocupante; o
III.—Al que en los términos de las fracciones anteriores, cometa despojo de aguas.
“El delito se sancionara sin importar si el derecho a la posesión de la cosa usurpada sea dudosa o este en disputa”.
Si esto fuera verdad, el gobierno de la CDMX sería responsable del delito de despojo en grado de complicidad, pues en el Paseo de la Reforma hay un valladar metálico por el cual la ciudad ha sido despojada de más de mil 500 metros cuadrados de su propiedad. No los puede usar, vamos, a veces no los puede ni siquiera ver.
El dicho cercado está ubicado exactamente frente a la embajada de los Estados Unidos, cuyo gobierno nos ha despojado de un terreno y lo usa como zona de seguridad para prevenir un posible ataque a su embajada, como de la misma manera nos ha robado (¿robado?, sí, robado) la calle de Tacotalpa en el tramo comprendido entre Río Sena y Río Danubio. Y después de lo de Trump, a ver quién les alega.
El muro con el cual nos amenaza (“la amenaza”, como le dijo Peña Nieto al peluquín), ya se comenzó a construir a (¡oh! paradoja) unos cuantos metros de la Columna a la Independencia. Y nadie dice nada:
Cuando en el gobierno de Ernesto Zedillo el jefe del DDF, Óscar Espinosa, quiso meterle mano a esta valla, de la Casa Blanca llegaron los quejidos y las amenazas. Ya fue un asunto de presidente a presidente.
El gobierno estadunidense consideró entonces (y lo sigue haciendo ahora) una necesidad vital el espacio de amortiguamiento frente a la sede diplomática cuya futura ubicación, por cierto, se mantiene en suspenso, pues el viejo proyecto de mudarla a Santa Fe se ha llenado de telarañas.
Por eso causa risa la “puntada” de Arne Aus den Rutten, quien armado con la camarita de su Periscope (como si no hubiera tenido suficiente con los delirios compartidos de su ex jefa Xóchitl) ha querido retirar las alambradas. Primero entras a Guantánamo, chavo.
Pero así haya sido una más de las maniobras para ganar notoriedad, el hecho es muy sencillo: hay una zona de la ciudad vedada para la ciudad misma porque el gobierno americano la usa como escudo y nadie le puede decir nada, como tan poco se les dice algo a sus letreros de prohibición fotográfica en la calle Danubio.
Los mexicanos no pueden tomar fotos de una calle en su propia ciudad. Al menos esa parte no es suya.
Sin embargo, alejado de los fulgores de la diplomacia del garrote sin zanahoria, hay otros casos de despojo.
Esos cometidos por mexicanos afiliados, obviamente, al Partido de la Revolución Democrática y cobijados por la mafia de la delegación Álvaro Obregón. Usted sabe quién es el jefe de esa pandilla.
En el año 2006, después de un agobiante papeleo, los interesados en solucionar una invasión lograron por fin una sentencia. Dice así:
“…En consecuencia se declara que el acto, Arturo Everardo Vidaurri Damm es el propietario y tiene pleno dominio sobre el inmueble ubicado en Avenida del Rosal número 227, Colonia Olivar del Conde, delegación Álvaro Obregón…
“…Se condena a los codemandados Alejandra Muñoz García, Lorena Martínez Mendoza y Miguel Ángel Martínez Lozada a desocupar y entregar al actor Arturo Everardo Vidaurri Damm, el inmueble citado en el resolutivo que antecede, con sus accesiones, mejoras y frutos, lo que deberán hacer los reos en un término de cinco días contados a partir de que sea legalmente ejecutable esta resolución, apercibidas que en caso de no hacerlo, serán lanzadas a su costa de dicho inmueble…
“…Así definitivamente juzgado lo resolvió y firma la C. Juez Trigésimo Quinta de lo Civil del Distrito Federal, Sandra Luz Díaz Ortiz, ante la C. Secretaria de Acuerdos “A”, licenciada María Ivonne Pérez López. Que autoriza y da fe”.
Eso fue en febrero de 2006. Diez años después ni se han salido los ocupantes, ni han recobrado los dueños su legítima propiedad. Y esos no discuten contra el gobierno de los Estados Unidos, sino algo peor, una mafia local.
