La secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, explicó que México padece las consecuencias de una regulación internacional sobre el control de armas que carece de fuerza y permite que lleguen de forma ilegal a organizaciones criminales transnacionales.
«Mi país padece las terribles consecuencias de una regulación internacional laxa en la materia», aseguró la canciller.
Por ello, durante una entrevista, consideró que el control del comercio de armas es un reto vital para México.
La ministra participa esta semana en Ginebra en la segunda conferencia de los Estados Parte del Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas (TCA), que tiene el objetivo de conseguir un control más estricto del armamento.
Una de las medidas que se propone para ello es que los informes que los países debe obligatoriamente presentar cada año sean públicos y que se elimine la opción que existe de que su contenido sea confidencial.
México está a favor de los controles necesarios tanto en la producción como en la transferencia de armas para evitar «que éstas sean desviadas de sus destinatarios legales y caer en manos de individuos o grupos, criminales o terroristas, que operan sin respetar fronteras», dijo Ruíz a Efe.
Como consecuencia, dijo que «miles de armas ilegales son traficadas cada año a México, la mayoría desde nuestra frontera norte, donde se encuentra el más grande productor y exportador mundial».
Su destino final suele ser -recordó- el crimen organizado. Estudios especializados indican que casi 500 personas mueren y 2.000 resultan heridasa diario en el mundo por homicidios con armas de fuego y que la mayoría de estasvíctimas ocurre en lugares que no son de conflicto.
La canciller sostuvo que para entender del desafío que este asunto representa para su aís se debe tener en cuenta que «tan sólo en los cuatro estados de Estados Unidos que comparten frontera con México existen más de 9.000 establecimientos legales de venta de armas» y que «más de 23.000 personas tienen permiso para venderlas».
La enorme oferta de armas y la facilidad para hacerse con ellas «dota a las organizaciones criminales transnacionales de un enorme poder de fuego que afecta tanto a México como a Estados Unidos y lo hace un reto binacional», opinó.
Ruíz consideró que la adecuada implementación del ATC puede servir para controlar mejor esos flujos, comprometiendo en esta tarea a los países productores, exportadores, importadores y de tránsito de armamento.
