México no es un Estado fallido; es un Estado herido y como toda la región latinoamericana tiene problemas de derechos humanos; sin embargo, su fortaleza como nación lo lleva a hacer esfuerzos para superarlos, aseguraron ayer Roberto F. Caldas y Eugenio Raúl Zaffaroni, jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Durante una reunión con senadores de oposición, los cinco jueces y la jueza de la Corte explicaron a los senadores del PAN y el PRD que el fenómeno de violencia que vive México también se registra en toda América Latina.
De igual forma, solicitaron el respaldo de los senadores para que el Estado mexicano pueda contribuir con mayor dinero, a fin de fortalecer el trabajo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el tribunal internacional más pobre del mundo, al grado que sólo sesiona seis veces al año, porque no puede pagar honorarios.
Roberto F. Caldas, presidente de la Corte, dijo que “nuestros países, toda la región, tiene problemas muy graves de derechos humanos, pero es muy importante enfrentar esos problemas y creo que traer un órgano como la Corte Interamericana nos parece a todos que es una búsqueda de inspiración de diálogo, de un trabajo conjunto para enfrentar esos graves problemas que tocan a nuestras naciones”, al hacer referencia a la anfitrionía de México para estas sesiones de la Corte.
Los panistas Fernando Yunes, Laura Rojas, Gabriela Cuevas y Silvia Garza, así como la perredista Angélica de la Peña, solicitaron a los jueces les dijeran cómo ven a México en materia de violaciones a los derechos humanos, pero la mayoría de los juzgadores internacionales explicó que la situación no es privativa de México.
Eugenio Raúl Zaffaroni fue el más preciso al referirse al tema.
“Coincido en que no se trata de un Estado fallido. Un Estado fallido es un Estado donde una nación es débil y no logra establecer un Estado. En México la nación es fortísima, con una fortaleza que si hubiera envidia de la buena, es envidiable, y que en algún momento logró constituir un Estado que verdaderamente se le fue la mano.
Un Estado fallido no es. Es un Estado agredido. Y lo digo con toda sinceridad, con el afecto que siento y por lo que le debo a México, he vivido acá, le debo muchísimas cosas, creo que lo que se está viviendo es una situación muy negativa en una coyuntura internacional, en la cual todos de alguna manera estamos padeciendo situaciones que atentan contra la paz, y muy especialmente en la región”, expresó.
El juez añadió que “ustedes tienen altísimos índices de muerte violenta, pero no son los únicos, toda América Latina tiene altísimos índices de muertes violentas; de los 24 ó 25 países que pasan el índice de 20 por cien mil anual, 19 los tenemos en América Latina y el Caribe; nos salvamos solamente los tres paisitos que estamos ahí en el fondo, en el último triángulo. El resto tiene índices muy altos”.
Eduardo Ferrer Mac-Gregor explicó que los casos que llegan ahora a la Corte tocan temas inéditos, como el medio ambiente y eso muestra un comportamiento diferente en las violaciones a los derechos humanos que se denuncian; Eduardo Vio Gross añadió que es diferente la violación de derechos humanos en un Estado dictador, que en un Estado de democracia; Elizabeth Odio Benito consideró que México debe tener un sistema interno coordinado para atender y dar seguimiento a las resoluciones de la Corte y Patricio Pazmi- ño detalló los requerimientos económicos de este tribunal.
Durante la inauguración del 55 Periodo Extraordinario de Sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el juez Caldas confió en que si las autoridades mexicanas reafirman su compromiso y deber para proteger a las víctimas, el Estado y el pueblo de México podrán superar las adversidades.
Familias cuyos hijos se encuentran sin paradero; periodistas cuyas voces buscan ser acalladas; defensores y defensoras de los derechos humanos cuyas vidas corren grave peligro; miles de personas que decidieron emprender el camino de la migración para buscar un mejor porvenir”, señaló.
Para el presidente del Senado, Roberto Gil, México no es un Estado fallido “y no merecemos ser tratados como tal”, pero reconoció la necesidad de modernizar las instituciones con el objetivo de aumentar su capacidad de respuesta, la eficacia restaurativa y su legitimidad para aplicar la ley.