Hago referencia al artículo de María Elena Morera, “La historia anticorrupción” publicado en El Universal
(23/07/2016) y en especial a la frase del penúltimo párrafo: “Los mexicanos no queremos una cacería de brujas, que es una tentación para muchos.
Lo que realmente queremos es un México justo, con justicia equitativa para todos y desde luego, libre de corrupción”. Maria Elena narra en dos partes la historia del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
De una parte, la necesidad de las organizaciones de la sociedad civil de proponer soluciones a un mal endémico; de otra parte, la realidad de una serie de escándalos de enriquecimiento de autoridades de los tres órdenes de gobierno. Hace referencia a la promulgación de las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción el lunes 18 de julio en Palacio Nacional.
Coincido con ella en que el envío por parte del Presidente de la República a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de una controversia de inconstitucionalidad contra las leyes aprobadas en Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua que pretendían blindar a los gobernadores salientes por posibles actos de corrupción, también es un hecho importante.
Destaca las disculpas ofrecidas por el Jefe del Ejecutivo en esa misma ceremonia. Los comentarios sobre estas disculpas han sido variados, pero una cosa es cierta: se ha roto el mito de la figura presidencial intocable e inamovible.
Esas disculpas, presentadas en el acto de promulgación del Sistema Nacional Anticorrupción, son un hecho saludable para la República y expresión de voluntad política; es decir, de respaldo a las acciones que deben de tomarse con contra de la corrupción.
Junto con una buena cantidad de mexicanos (la verdad no sé cuántos) espero que tras las palabras vengan las acciones concretas: que no haya cacería de brujas, pero sí determinaciones que nos acerquen a un México menos corrupto, más justo.
Y es que la cara opuesta de la justicia es la impunidad; el saber que se cometen actos contra la ley que quedan sin castigo, es decir, sin la sanción correspondiente.
Tal irregularidad invita a que se sigan cometiendo hechos de la misma especie.
Maria Elena Morera se refiere en su artículo, en específico, al imperativo de que la justicia actúe contra la corrupción y, en primera instancia, contra personajes notoriamente corruptos como los gobernadores de las entidades ya mencionadas a las que agrega los casos de Sonora y Guerrero.
Retomo la demanda “un México justo”, que se puede traducir en “un México sin impunidad”, como reivindicación del Estado de derecho. Recordemos que el propósito mínimo del poder político es garantizar el orden público.
Dicho de otro modo: el Estado, como entidad soberana, se establece para aplicar la norma jurídica sin distingos, sin excepciones; sólo así se puede garantizar la paz social. Y esto es así porque el Estado es la única entidad autorizada para ejercer la violencia física legítima, según la famosa expresión de Max Weber.
Lo que ha sucedido en estos días en cuestiones de violencia es un desafio para la justicia mexicana. Me refiero a los asesinatos de los alcaldes de Pungarabato, Guerrero, Ambrosio Soto Duarte y de San Juan Chamula, Chiapas, Domingo López González. El primero fue emboscado por sicarios del crimen organizado cuando regresaba a Pungarabato procedente de Huetamo, Michoacán.
La camioneta en la que viajaba recibió más de 600 balazos. El segundo fue atacado en el propio Palacio de gobierno de San Juan Chamula por una turba azuzada por sus enemigos políticos.
Domingo trató de escapar pero fue perseguido y atacado con saña hasta perder la vida.
Es cierto que en este caso algunos de los presuntos culpables ya han sido apresados, pero falta capturar a varios más que participaron en la turbamulta.
Los funerales de los presidentes municipales de Pungarabato y San Juan Chamula se convirtieron en un grito de justicia: que no queden impunes estos crímenes producto de la violencia que quiere desestabilizar al país.
Aunque ambos hechos no están conectados entre sí, encienden los focos rojos; lanzan la voz de alerta en torno a que algo está ocurriendo en las localidades de nuestro país. Lo que muestran es la vulnerabilidad a la cual están expuestos muchos municipios, en especial, quienes los presiden.
Es decir, la base fundamental del sistema de gobierno sobre la que se eleva toda la estructura jurídica e institucional de nuestro país está siendo acosada tanto por el crimen organizado como por la agitación social de diverso tipo.
No es exagerado afirmar que el nivel municipal es el que más sufre las carencias del Estado de derecho, la falta de la aplicación de la ley y las injusticias.
En consecuencia, es allí donde se debe poner mayor atención para restablecer el orden público y la estabilidad social.Se ha dicho, efectivamente, que la ley debe contar con la fuerza del Estado. Eso no tiene discusión.
El magisterio está dividido en dos, por una parte los que integran a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), grupo cercano a AMLO y Morena, y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). La CNTE tiene presencia en Guerrero, Michoacán y Oaxaca. El magisterio está dividido en dos, por una parte los que integran a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), grupo cercano a AMLO y Morena, y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). La CNTE tiene presencia en Guerrero, Michoacán y Oaxaca. La SNTE es el sindicato operativo del partido Nueva Alianza y al menos en la capital del país en las pasadas elecciones permitieron el arribo de Gabriel Quadri y Alejandra Moreno Toscano a la Asamblea Constituyente que redactará la Constitución de la ciudad.
Empero, dadas las condiciones en que hoy se debate México, es importante subrayar que la ley también debe contar con el respaldo de la ciudadanía, del apoyo de la sociedad para reforzar su aplicación y su legitimidad.
