En poco tiempo la situación del país ha cambiado radicalmente; de una política de diálogo y cambios
de fondo, reconociendo la pluralidad social, procurando los equilibrios, el entendimiento y caminando hacia la consolidación de una transición ordenada y pacífica, en breve lapso el giro fue sorprendente, la aplicación de reglas cerradas y autoritarias fue más que evidente, atrás quedó el ejercicio del poder con equilibrios democráticos.
Ante este panorama, los gobiernos locales hicieron lo propio, cerraron filas, adoptaron el carácter de virreyes, en fin, seguramente tenían la creencia de que el sistema seguiría como en los viejos tiempos del PRI: «continuidad y protección», así que algunos de ellos le dieron vuelo a la hilacha sin ningún escrúpulo, utilizando el poder del Estado para cometer todo tipo de arbitrariedades.
De algo estamos ciertos, cuando existe -como es el caso-, una corrupción institucional, se presentan reglas no escritas y fenómenos derivados de esas conductas: en principio es un esquema solidario de complicidades, sobre valores entendidos para solapar y protegerse entre sí; aunque también se presta a los excesos y abusos del poder -seguramente a aquellos aludidos por Manlio Fabio Beltrones-, además constituye un perverso incentivo que provoca que las instituciones dejen de cumplir su misión, que la autoridad formal pierda credibilidad y autoridad moral, al encontrarse los gobernantes dedicados al saqueo del erario público y al ejercicio del poder a contentillo, con total impunidad.
Un claro ejemplo de lo anterior como botón de muestra se localiza en Veracruz, donde en el colmo de los cinismos y con total inmoralidad, vemos como el aún Gobernador Javier Duarte, en complicidad con los diputados salientes, realizan una serie de cambios legales con el propósito de blindarse y evitar ser llevado ante la justicia. Ahora que va de salida le urge la aprobación de reformas y la designación de funcionarios a modo para evadir las acciones legales que han sido ampliamente anunciadas y difundidas, por lo visto el aroma de ajustar cuentas con la ley, le provocó escozor.
El problema estriba que en múltiples rincones del país se padece el efecto Duarte, que aprovechando las circunstancias los gobernantes se han dado vuelo haciendo de las suyas, escudados en el prurito de que así son las reglas del régimen actual, cometen todo tipo de atropellos.
Por si esto fuera poco, persisten frentes abiertos que minan y ponen en entredicho el funcionamiento de las instituciones y la capacidad gubernamental para dar adecuada solución a esos problemas, tales como la inseguridad; CETEG; CNTE; Ley 3de3; Casa Blanca; PEMEX; Depreciación de la Moneda; Recortes Presupuestales; Violencia contra las Mujeres; y muchos otros etcéteras que diariamente se manifiestan en las calles.
Es obvio encontrar en la gente síntomas de incertidumbre y el consecuente rechazo a la autoridad, signos distintivos de un evidente y real deterioro de la actividad política, social y económica del país, debido en gran medida a la imposición de políticas y reglas anacrónicas y equivocadas, debilitando aún más la vida pública del país.
El tránsito actual requiere de acciones firmes, justas y legales, dejar atrás los privilegios de unos cuantos y establecer condiciones de convivencia plural bajo criterios de transparencia, honestidad y apegadas a la ley, pues de lo contrario la fragilidad institucional y la irritación social son tierra fértil para las actitudes rebeldes y mesiánicas.
El continuar abriendo las brechas de desigualdades, abusos e injusticias, no es una opción viable; dejar correr los acontecimientos y seguir permitiendo los excesos de los gobernantes va a acarrear inestabilidad, por decir lo menos, pues vivimos en constante zozobra por la delincuencia organizada, que es un tema colateral. Es urgente poner orden, aplicar la ley con justicia, sin distingos ni privilegios.
