La diputada Martha Orta Rodríguez presentó una iniciativa de nueva Ley del Centro de Justicia para las Mujeres del Estado, con el propósito de contribuir a que en todos los ámbitos de la vida: familiar, social, cultural, educativo, laboral, político y económico, las mujeres puedan alcanzar los niveles de bienestar y acceso a las oportunidades, libres de violencia y en condiciones de igualdad y de justicia que les permitan lograr su pleno desarrollo humano.
Se indica que este Centro de Justicia para las Mujeres del Estado, podrá tener sedes integradas bajo el mismo modelo, en las regiones y municipios del Estado, y estará constituido como un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía presupuestal y de gestión, y sectorizado a la Secretaría General de Gobierno.
Agrega que, en esta legislación al crearse por Decreto el Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de San Luis Potosí, además de establecer su naturaleza jurídica, se define la estructura organizacional y los modelos de atención, sus funciones desarrolladas siempre con enfoque de derechos humanos, género, e interés superior de la Infancia.
Además, se determinan los perfiles de personal requeridos y las funciones de cada puesto; se establecen los controles y estándares para la realización de las actividades del Centro para incidir en la mejora continua y eficiencia en el servicio público; se determina la necesidad de incorporar a los sistemas y procedimientos administrativos la aplicación de herramientas informáticas, tales como un sistema intranet para seguimiento y control de los expedientes únicos de las usuarias que evite su re-victimización, así como las que ayuden a agilizar el flujo de información para facilitar la toma de decisiones y mejorar en su conjunto la gestión institucional.
Añade que el Centro de Justicia para las Mujeres, es la expresión de una política pública permanente que se propone ofrecer de forma integral a las mujeres el acceso efectivo a la justicia, disminuir el tiempo de respuesta de las autoridades, evitar la dispersión, y hacer eficientes los procesos de procuración de justicia, por ello debe ser accesible en su ubicación, ofrecer un ambiente de comodidad, calidez y seguridad a las víctimas y usuarias, así como a sus menores hijos e hijas.
