CIUDAD DE MÉXICO.-El Senado devolverá a la Cámara de Diputados parte de la miscelánea penal que requiere el país para operar plenamente el nuevo sistema penal acusatorio, porque diez cambios hechos por los diputados a los códigos Nacional de Procedimientos Penales y Penal Federal vulneran los derechos, son contrarios a la Constitución y pueden poner en riesgo de abusos a los detenidos.
El dictamen de la miscelánea penal que distribuyó la Comisión de Justicia del Senado, del que Excélsior tiene copia, muestra que los senadores atendieron el reclamo de algunas organizaciones sociales que luchan contra los actos de tortura, pues eliminaron los cambios hechos por los diputados al artículo 149 del Código Nacional, que permitían a las policías presentar a los detenidos ante ministerios públicos distintos al lugar donde se cometieron los delitos.
De esta forma, el Senado coincidió con estas organizaciones civiles en que la adición al párrafo segundo del artículo 149 del Código Nacional de Procedimientos Penales que hizo la Cámara de Diputados no puede aprobarse.
La Cámara de Diputados dispuso la inclusión de que “no se considerará dilación indebida en la puesta a disposición de los detenidos cuando por cuestiones de seguridad o atendiendo las características del hecho investigado, se realice ante el Ministerio Público distinto al del lugar de la comisión de los hechos, siempre y cuando exista el registro inmediato de su detención y de su traslado”, lo cual es contrario a lo que establece el artículo 16 de la Constitución, explica el Senado.
La Carta Magna dice que “cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad más cercana a ésta y ésta con la misma prontitud, a la del Ministerio Público. Existirá un registro inmediato de la detención”.
La Comisión de Justicia del Senado explica que rechaza esta adición de los diputados, porque “la Constitución expresamente señala que tratándose de detención en flagrancia, se deberá poner sin demora al detenido a disposición de la autoridad más cercana. En este contexto, el artículo 149, segundo párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales, propuesto por la Cámara de Diputados, contradice el artículo 16 constitucional”.
Otro de los cambios hechos por los diputados y que no aceptan los senadores es el agregado que establece que en “el caso de que el imputado sea sorprendido incumpliendo una medida cautelar, inmediatamente será puesto a disposición del Juez de control, quien convocará a las partes a una audiencia para la revisión de dicha medida”.
Los senadores añaden que este texto también es contrario al mismo artículo 16 Constitucional, “en tanto que, salvo los casos de flagrancia, solamente la autoridad judicial puede librar orden de aprehensión”.
Añade que “en este contexto, si el imputado incumpliere una medida cautelar, solamente a juicio de la autoridad judicial podrá librarse una orden de aprehensión. Y no, en cambio, a juicio de cualquier autoridad administrativa que determine por sí misma, que se ha incumplido con una medida cautelar”.
Los senadores de la Comisión de Justicia ya trabajan con los diputados federales para consensuar los diez cambios que se hará a la minuta, y entre los cuales se rechaza el cambio al artículo 26 del Código Penal federal, que incluyó que “los procesados y sentenciados por delitos que merezcan pena privativa de libertad, serán privados de su libertad en lugares separados.
“Los procesados y sentenciados por delitos de carácter político serán privados de su libertad en lugar distinto del que se destinare para la extinción de las penas y estarán completamente separados”, dice el texto que el Senado no acepta.
Proceso
Una vez que el dictamen de la Comisión de Justicia sobre la miscelánea penal sea aprobado en el pleno del Senado será turnado a la Cámara de Diputados para que pueda ser discutido y avalado, probablemente durante el periodo extraordinario que iniciará el 13 de junio.
Los diputados deberán avalar a la brevedad, y en sus términos, la minuta que le envíen los senadores, ya que estas modificaciones deben ser aprobadas antes del próximo 18 de junio, que entra en vigor el nuevo sistema penal acusatorio.