La Comisión Estatal de Derechos Humanos, en coordinación con elSistema Estatal DIF, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, inauguraron este día, el taller “Hacia la instalación del mecanismo estatal de monitoreo de la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad”.
De esta manera San Luis Potosí se incorpora a los trabajos que realiza México sobre la creación de un mecanismo para la protección de las personas con discapacidad.
El evento fue inaugurado por la Lic. Lorena Valle, Presidenta de la Junta Directiva del DIF Estatal; y estuvieron presentes el Dr. Gustavo Hernández RiveraVisitador Adjunto de la Dirección General de Atención a la Discapacidad de la CNDH y Lic. Guillermo Sánchez Berrones Director de Integración Social de las Personas con Discapacidad del DIF Estatal.
En su intervención, el Lic, Jorge Vega Arroyo Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, destacó que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y su protocolo facultativo que Naciones Unidas aprobó en diciembre de 2006, reconoce la necesidad de promover y proteger a las personas con discapacidad sobre todo, aquellos que necesitan un apoyo más intenso por la discriminación contra cualquier persona por razón de sus discapacidades lo que constituye una vulneración.
Este dijo, es el primer instrumento jurídico internacional vinculante que, sin limitarse al ámbito de la discriminación, protege a las personas con discapacidad en todas las áreas de su vida en sociedad, áreas que abarcan el empleo, la salud, la educación y la accesibilidad, sólo por mencionar algunas.
Mencionó que con este evento, se suma San Luis Potosí al cumplimiento que tiene México de ese compromiso internacional, a través del cual se pueden recordar, verificar y monitorear el respeto de estos principios básicos, la dignidad principalmente, incluida la toma decisiones, la no discriminación, la participación e inclusión plena y efectiva, el respeto y aceptación de las personas, igualdad de oportunidades, la accesibilidad, igualdad entre el hombre y la mujer y el respeto a la evolución de las facultades de niñas y niños con discapacidad.
Desde luego agregó Vega Arroyo, no debemos de soslayar el deber de la autoridad para realizar acciones exclusivas y adoptar medidas hasta el máximo de sus recursos disponibles para garantizar el ejercicio efectivo de las personas con discapacidad, lo que efectivamente lo encontramos en el artículo primero de la Constitución Política delos Estados Unidos Mexicanos a través del principio de progresividad