Todos aquel servidor público, incluyendo gobernadores que haya cometido irregularidades en el ejercicio de sus funciones y que les sean comprobables de parte de la Auditoria Superior de la Federación, no están exentos de ir a la cárcel, advirtió, Virgilio Andrade Martínez Secretario de la Función Pública, durante su visita a la Capital Potosina, donde asistió al Foro Estatal Gobiernos Responsables.
En entrevista, aunque fue evasivo en torno a la situación que enfrentan los gobernadores de los Estdos de Guerrero y Veracruz, por supuestas irregularidades, el Secretario de la Función Pública, sentenció que no hay excepciones en la aplicación de la ley, sobre todo en términos de Estados, partidos o nombres, pues todos serán tratados de la misma manera.
Dijo que siempre que hay situaciones vinculadas y plenamente probadas con delitos que ameriten prisión, “por supuesto que cualquier persona que incurra en el ilícito puede estar en este caso de pisar la cárcel” acotó.
Virgilio Andrade Martínez, expuso que todos los Estados están en permanente fiscalización y la Secretaria de la Función Pública, está vigilando junto con la Auditoria Superior de la Federación, sobre el uso de los recursos de carácter federal e incluso de años anteriores, pues el objetivo es ir detectando de qué forma, fue utilizado el dinero a lo largo del tiempo y por supuesto tener la debida documentación.
Dijo “Vivimos en una época de altísima observación por parte de la ciudadanía y además altísima expectativa por situaciones históricas de expertísimo, porque este es el factor que propicia que haya mucha centralidad con el tema del combate a la corrupción y por supuesto con la secretaria que vigila el desempeño de los servidores públicos del gobierno federal.
En este sentido estamos abriendo un conjunto de acciones para que los ciudadanos participen a través de un sistema de quejas y denuncia ciudadana que tenemos en línea”.
Virgilio Andrade Martínez destacó que una de las tareas que han tenido resultados satisfactorios, obedece a las 8 mil sanciones que se aplican en contra de igual número de servidores públicos, aunque dejó en claro que la Secretaria de la Función Pública, aplica sanciones de tipo administrativo, mientras que la Auditoria Superior de la Federación es la facultada para presentar las denuncias correspondientes ante la Procuraduría General de la República.
