Desde hace casi ocho años se llevó a cabo una profunda reforma en materia penal, misma que fue aceptada y aplaudida en todos los Estados de la República, a la vez que los Congresos locales aprobaron los cambios constitucionales, comprometiéndose con ello a su implementación a más tardar a mediados del mes de junio del 2016, en todo el país.
Cabe resaltar que el lapso de tiempo para echar a andar el nuevo sistema penal, fue bastante amplio, con el propósito de que en cada entidad hicieran las adecuaciones necesarias y apropiadas; planeando, programando y finalmente ejecutando las acciones correspondientes a tal fin. Así, nadie tendría excusa ni pretexto alguno para demorar su entrada en vigor.
Además cabe decir que les fueron proporcionados recursos económicos para cumplir con la encomienda, tanto en el rubro de infraestructura como de capacitación. En otras palabras, se les dio prácticamente todo: el nuevo sistema penal desde su base constitucional; el tiempo en exceso y; los recursos suficientes para su implementación.
Independientemente de las bases, criterios y principios del nuevo sistema penal, adversarial, acusatorio y oral, que trae consigo una serie de modalidades con el ánimo de otorgar mayores garantías procesales al presunto delincuente, como la necesaria protección a las víctimas, también se han valorado circunstancias adicionales que regularmente se venían presentando de forma cotidiana.
Tanto el rezago de los asuntos, como lo complicado que resultaba un arreglo en casos menores que además duraban años en los juzgados y el costo para el Estado era muy alto, son cuestiones que debían atenderse, eso sin descartar los abusos de algunos Ministerios Públicos que se aprovechaban de las circunstancias para sacar ventaja, sin recato alguno.
El nuevo sistema penal que debe comenzar a funcionar en todo el país en el próximo mes de junio, no va a terminar con la corrupción que impera en la materia, sin embargo, su diseño ayuda a aminorar la que actualmente padecemos, que por decir lo menos es insostenible, pues de los grandes problemas que tenemos es el de la procuración y administración de la justicia, que pone en entredicho el estado de derecho.
Así, resulta comprensible que en algunos Estados llegaran hasta el final para implementarlo, se resistieron y lo dejaron hasta el cuarto para las doce; en otros, se lleva con múltiples deficiencias, procedimientos sumamente lentos y burocratizados, alejados de su objetivo, la inmediatez.
En la medida que se vaya avanzando, es fundamental además urgente, crear paralelamente un sistema de evaluación, de tal forma que se midan los resultados, lo que permitiría además contar y aplicar oportunamente los controles necesarios, antes de que se vuelva a las andadas que tanto daño han causado y, con ello evitar que un esfuerzo mayúsculo termine como en muchas ocasiones anteriores en fracaso.
