La reciente designación de 13 magistrados del
Poder Judicial en menos de 48 horas por parte del Parlamento saliente de mayoría oficialista es «nula» por haber violado los plazos y procedimientos de la ley, dijeron hoy diputados opositores. El diputado reelecto William Dávila aseguró a Notimex que las designaciones «fueron un acto nulo y, según la Constitución, un acto nulo ocurre cuando un órgano es incompetente o cuando está usurpando funciones». Dávila indicó que la mayoría oficialista de la Asamblea Nacional (Congreso unicameral) saliente tiene como único objetivo mantener su «hegemonía» sobre el Poder Judicial, que actualmente carecería de independencia. «Desde el oficialismo han querido hegemonizar políticamente al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)», lamentó Dávila, quien afirmó que las designaciones debían ser realizadas por la Asamblea Nacional que se juramenta el 5 de enero. Según lo establecido por la ley, desde que el martes 8 fuera publicada la lista de 387 candidatos se abrió un lapso de 15 días para que se presenten impugnaciones, luego los objetados tendrán ocho días para responder a esos cuestionamientos. Posteriormente, la lista debería ser analizada por el Consejo Moral Republicano, el cual debe presentar la lista definitiva que analizarán los legisladores. Todo esto tardaría más de un mes y el nuevo Parlamento asume funciones el 5 de enero. Sin embargo, la mayoría oficialista del saliente Parlamento decidió crear un «comité de emergencia», acelerar el proceso y nombrar a los nuevos magistrados en apenas 48 horas sin impugnaciones ni consultas al Consejo Moral Republicano. Por su parte, el también diputado reelecto Alfonso Marquina aseguró que el acto de designación «es absolutamente írrito y sus efectos son nulos», por lo que el Parlamento entrante buscará «anular el procedimiento». «Esto va a ser revisado a partir del 5 de enero porque el compromiso de la nueva Asamblea Nacional es el restablecimiento pleno del Estado de derecho y del orden constitucional en Venezuela», sentenció. Marquina señaló que este procedimiento «no requiere» de una votación por parte del TSJ, ya que se trataría de una «anulación» de la designación y «no de una destitución», aunque reconoció que el Poder Judicial intentará obstruir el procedimiento.
