Con el auxilio de especialistas de la ONU, Amnistía Internacional y de la Procuraduría General de la República (PGR), el Senado abrió el proceso para la construcción de la primera ley que castigará las desapariciones de personas perpetradas por servidores públicos o por particulares, a fin de atender las recomendaciones internacionales hechas a México.
Las comisiones unidas de Derechos Humanos, que preside Angélica de la Peña; de Justicia, que encabeza Fernando Yunes y de Estudios Legislativos, de Graciela Ortiz, abren esta semana las consultas públicas como parte del proceso de dictaminación de las iniciativas en materia de desaparición forzada y desaparición perpetrada por particulares.
Estas consultas se registran en el contexto en que el gobierno federal ha comenzado a dar a conocer su iniciativa para castigar la desaparición de personas a diversas organizaciones sociales, quienes critican la decisión oficial de no llamarle a este fenómeno desaparición forzada, sino simplemente desaparición de personas o no localización de personas.
De acuerdo con la Secretaría de Gobernación, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la PGR, en México hay 25 mil 230 personas no localizadas, de las cuales 24 mil 812 son competencia de los estados, por ser del fuero común, y 418 del fuero federal.
De estos desaparecidos, 56.54% (14 mil 31) se registraron de 2007 a 2012. Las entidades con el mayor número de desaparecidos del fuero común son Tamaulipas, Jalisco, Nuevo León, Estado de México, Chihuahua y Sinaloa, que concentran 58.6%, mientras que los desaparecidos del fuero federal se ubicaron en Guerrero, Tamaulipas, Veracruz, Distrito Federal, Estado de México y Coahuila, que concentran 80.1% de los afectados. El reporte entregado al Senado al principio del mes de septiembre muestra que 50.3% de los desaparecidos son personas jóvenes.
, pues tienen menos de 35 años, mientras que siete de cada diez son hombres.
Denominado Informe Anual 2014 Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), que fue presentado al Consejo Nacional de Seguridad Pública en la Sesión Ordinaria XXXVIII, el documento da cuenta de la localización de 74 personas, de las cuales 61 fueron encontradas con vida y 13 fallecidas; 70 eran mexicanos; uno estadunidense, dos guatemaltecos y un hondureño.
Precisa que el número de personas desaparecidas o no localizadas del fuero común suma 24 mil 812; de ellas, cinco mil 392, que implican 21.7%, fueron vistas por última vez en Tamaulipas; dos mil 184 (8.8%) en Jalisco; mil 947 (7.8%) en Nuevo León; mil 945 (7.8%) en el Estado de México; mil 540 (6.2%) en Chihuahua y mil 536 (6.2%) en Sinaloa; lo que implica que 58.6% de las personas desaparecidas se registraron en esas seis entidades.
Acciones
* El pasado 25 de septiembre, tras reunirse con los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, el presidente Enrique Peña Nieto ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) crear la Fiscalía Especializada para la Búsqueda de Personas Desaparecidas.
* El subprocurador de Derechos Humanos de la PGR, Eber Omar Betanzos Torres, explicó que la creación de la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas, responde a la necesidad de atender los casos de desapariciones en el país y ello implica una cercanía con las víctimas.
* Agregó que esta Fiscalía deriva de la transformación de la Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas, creada en junio de 2013.
* Detalló que esta nueva Fiscalía estará adscrita a la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR, que él encabeza.
