Diálogo y acuerdos, fundamentales para la regulación del comercio informal: GR

Trabajaremos con énfasis en la búsqueda de acuerdos y soluciones en torno  al comercio informal en el Centro Histórico y el resto de la ciudad, tomando en cuenta a las partes involucradas y anteponiendo el beneficio de la mayoría,  tal y como lo ha instruido el presidente municipal Ricardo Gallardo Juárez, afirmó la directora de Comercio municipal, Dolores Eliza García Román.
La funcionaria detalló que la primer tarea que ha llevado a cabo al tomar posesión de esta área es analizar la situación del ambulantaje, reforzar las acciones que han sido de utilidad y buscar nuevas alternativas para el ordenamiento de esta actividad.
García Román señaló que sostendrá una reunión con el edil capitalino con el fin de plantear la problemática del comercio informal y llevar a cabo un plan estratégico formulado por esta dirección con el propósito de regular el ambulantaje.
En cuanto a las diversas organizaciones, García Román indicó que la dirección que encabeza está abierta al diálogo, ya que lo primordial es mejorar el aspecto del primer cuadro de la ciudad. Sin embargo, fue enfática al decir que no habrá privilegios para ninguna agrupación.
“Es importante tener la comunicación con todas las organizaciones  o toda persona que actualmente tiene alguna tolerancia en la vía pública. Es importante que se acerque a la Dirección, además de aplicar la normatividad”, expresó.
Recordó que la anterior administración dejó un padrón de más de mil ambulantes tan sólo en el Centro Histórico y subrayó que esta administración será transparente y no se otorgarán más permisos.
En materia de gestión ciudadana, Ricardo Gallardo Juárez, manifestó la necesidad de mejorar los mecanismos de la tramitología: “Necesitamos modernizar la simplificación administrativa y para ello es urgente abandonar la inercia de conflictos y los juegos de intereses en el uso del suelo o en la autorización de nuevos fraccionamientos.
Sobre este particular, el Alcalde capitalino instruyó para que se investigue a profundidad sobre la presunta corrupción o las probables omisiones y violaciones a la ley cometidas durante los procesos de autorización para el cambio de uso de suelo en algunos desarrollos habitacionales.