El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ha anunciado este jueves que el Gobierno y las FARC han acordado que la firma del acuerdo final de paz se producirá «a más tardar» en seis meses (23 de marzo de 2016), plazo en el que terminarán las negociaciones en La Habana.
Santos ha participado junto con el máximo líder de las FARC, Rodrigo Londoño Echeverri, alias «Timochenko», en un acto en el que los equipos de paz al completo anunciaron un importante acuerdo sobre justicia transicional.
El anuncio prevé la creación de un tribunal especial para juzgar los delitos del conflicto, uno de los puntos que era hasta ahora uno de los mayores obstáculos de los diálogos que arrancaron en noviembre de 2012.
«Tan importante como satisfacer los derechos de las víctimas es asegurar que no hayan nuevas víctimas, que se acabe definitivamente el conflicto armado en Colombia», advirtió el mandatario colombiano.
El jefe de Estado colombiano resaltó que no va a ser «una tarea fácil» porque «aún faltan algunos puntos difíciles por acordar», pero insistió en que ambas partes tienen instrucciones de alcanzar un acuerdo «lo más pronto posible».
Este «adiós definitivo» a la «guerra más larga de Colombia y de América» se logra sobre las bases de un sistema de justicia y el respeto a la institucionalidad, «los mismos principios que el papa Francisco expresó en su visita a La Habana», agregó Santos.
Este camino hacia «una paz sin impunidad», recalcó Santos, no significa la creación de «un sistema extrajudicial, todo lo contrario», porque se trata de establecer una jurisdicción especial que trabajará mediante «salas especializadas de justicia, integradas por magistrados de las más altas calidades».
Se impondrán penas de cárcel
El mandatario colombiano precisó que se impondrán penas de cinco a ocho años para aquellos que hayan participado en el conflicto y admitan sus delitos, mientras que a quienes «no reconozcan su responsabilidad» se les impondrán hasta 20 años de cárcel.
Santos hizo énfasis en que este acuerdo «no está dirigido exclusivamente a las FARC», sino a «todos los que participaron de manera directa o indirecta en el conflicto», incluyendo «agentes del Estado y en particular los miembros de la fuerza pública».
En su intervención luego de la firma del convenio bilateral y de un histórico y simbólico apretón de manos con «Timochenko», el presidente colombiano resaltó que este anuncio sin precedentes significa «una gran noticia» para Colombia y el mundo, y «una esperanza para otros conflictos armados del planeta».
«Es la primera vez que un Gobierno y un grupo armado ilegal llegan a un acuerdo de paz y no como resultado de posteriores imposiciones, crean un sistema de rendición de cuentas ante un tribunal nacional por la comisión de crímenes internacionales y otros delitos graves», precisó.
«Somos adversarios, estamos en orillas diferentes, pero hoy avanzamos en una misma dirección, en la dirección más noble que puede tener la sociedad, que es la de la paz», concluyó.
Una de las primera medidas tomadas tras el anuncio del acuerdo la tomó el fiscal general de Colombia, Eduardo Montealegre, que ha ordenado este jueves suspender la imputación de cargos en contra de miembros de la cúpula de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), como consecuencia del acuerdo de justicia transicional pactado en Cuba.
«Con el acuerdo en La Habana se suspenden 50 imputaciones en contra de miembros de la cúpula de las FARC», escribió en Twitter el fiscal, quien detalló que aunque la Fiscalía seguirá «siendo el eje central de las investigaciones, se abre la posibilidad de una nueva jurisdicción, como acudir a otras fuentes de investigación».
El expresidente colombiano Álvaro Uribe, uno de los principales críticos del proceso de paz con las FARC, ha manifestado que el acuerdo de justicia transicional anunciado este miércoles en La Habana iguala a «la sociedad civil con el terrorismo».
«El Gobierno ha aceptado igualar a la sociedad civil con el terrorismo», señaló Uribe, senador del Centro Democrático en un comunicado de nueve puntos en el que fija su posición sobre el acuerdo que fue rubricado por el presidente Juan Manuel Santos y el jefe de las FARC, Rodrigo Londoño, alias «Timochenko».
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